Procurador del Impedido pide ayuda para no perder fondos

La eliminación de $900,000 provenientes específicamente del Programa de Protección y Defensa a Personas con Impedimento (PADD, en inglés) se da, según la notificación que le envió el Departamento de Salud federal al Gobierno de Puerto Rico, el pasado 27 de octubre, porque “la OPPI ha fallado en demostrar que cumple con los requerimientos para ser una Agencia de Protección y Defensa (P&A) como establece la Ley de Asistencia al Desarrollo de Discapacidades (DD Act)”. El Gobierno tiene 45 días desde la notificación para pedir la reconsideración.

Entre los señalamientos que ha hecho el Gobierno federal se destaca la falta de independencia de la OPPI para manejar los fondos ante las distintas leyes gubernamentales que así la menoscaban. “Es un señalamiento que viene de la pasada administración. Pero en aquella administración nos atendían y en esta no”, sostuvo el procurador, que ha solicitado reunirse con alguien de Fortaleza desde el cambio de Gobierno.

“Esto va a ser una cadena que va a seguir afectando los fondos federales que mi oficina administra”, expresó Díaz Carrasquillo, quien agregó que también están en la cuerda floja $2.3 millones en fondos federales que se otorgan al Consejo Estatal sobre Deficiencias en el Desarrollo de Puerto Rico, adscrito a la Junta de Planificación.

Fue el comisionado residente, Pedro Pierluisi, quien hizo la denuncia ayer afirmando que, a pesar de los esfuerzos de las agencias federales, “la administración de García Padilla no tomó ninguna acción para corregirlos (los señalamientos)”. Funcionarios de Fortaleza no estuvieron disponibles para reaccionar.

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