Podrían perderse $4 millones en fondos federales

Así lo denunció el comisionado residente, Pedro Pierluisi, en un comunicado de prensa en el que señaló que fueron funcionarios del Departamento de Salud federal quienes se comunicaron con él para informarle que podrían quitarle los fondos federales, destinados mayormente a asistir individuos con deficiencias en el desarrollo (como Síndrome Down, autismo, entre otras), si no se corregían los cuestionamientos sobre politización en la OPPI.

Salud federal notificó al Gobierno que podría perder $900,000 en fondos del PADD, lo que redundaría en que se pierdan también $2.3 millones en fondos que se otorgan al Consejo Estatal sobre Deficiencias en el Desarrollo de Puerto Rico, que forma parte de la Junta de Planificación, y se pondrían en riesgo otro millón de dólares en fondos federales administrados por otras agencias (Salud, Educación y seguro social).

“A pesar de los esfuerzos de los funcionarios del Departamento de Salud federal para resolver este problema antes de que se convirtiera en una crisis, me informan que la administración de García Padilla no tomó ninguna de las medidas necesarias para corregirlo. No sé si la inacción de la administración se debe a incompetencia o indiferencia, o a ambas, pero en todo caso la administración ha puesto en riesgo millones de dólares anuales para ayudar a los ciudadanos más vulnerables en Puerto Rico”, dijo Pierluisi.

El presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP) agregó que el procurador de OPPI, Iván Díaz Carrasquillo, intentó reunirse con el gobernador Alejandro García Padilla y con funcionarios de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, “pero sus intentos fueron ignorados o no rindieron frutos, lo que provocó que el Gobierno de Puerto Rico no tomara las medidas que evitarían la terminación de los fondos a OPPI bajo el Programa PADD, lo que es ahora inminente”.

Según el precandidato a la gobernación, la punta de lanza para que el Gobierno federal expresara sus preocupaciones con el manejo de los fondos la provocó la intención del gobernador de destituir al actual procurador para crear una oficina similar con otro funcionario, como ocurrió en el pasado cuatrienio en el caso de la entonces procuradora de las Personas de Edad Avanzada, la senadora Rossana López, que fue destituida cuando se eliminó su cargo.

“Esta es una situación de emergencia y por tanto, la administración de García Padilla tiene que actuar con sentido de urgencia para corregir los problemas que el Departamento de Salud federal ha identificado. Estas medidas tienen que ser tomadas previo a la vista. No hay tiempo y las consecuencias son muy graves”, concluyó.