Desolados en Puente Blanco a cinco años de explosión en Capeco

“Eran las 11:23 de la noche. Le estaba dando una terapia a mi nena, que tenía fatiga, y yo estaba sentada en el piso viendo televisión, cuando siento que algo me decía: ‘Párate’. Me acosté con la nena en la cama y empecé a rezar. No hice más que decir ‘padre nuestro’ y ahí ocurre la primera explosión. Sentí como si me pincharan con alfileres por todo el cuerpo. El cuarto se iluminó con el color del fuego. Pensé que habían explotado unos carros detrás de mi casa, pero, cuando voy por el pasillo caminando, ocurre la segunda explosión, que es la que hace que empiece a temblar. No podía caminar”.

Aunque el relato parece sacado de una película de terror, es parte de lo que vivió la directora de la Comunidad Organizada de Puente Blanco, Inc., Wanda Figueroa, cuando presenció desde su casa la explosión de grandes proporciones suscitada en varios tanques de la Caribbean Petroleum Company (Capeco), antigua refinería Gulf. A pesar de que este jueves, 23 de octubre, se cumplirán cinco años de la explosión, Figueroa todavía recuerda claramente que las puertas y ventanas de su casa, así como las de al menos 200 viviendas de la comunidad de Puente Blanco, en Cataño, se rompieron por el estallido, que destruyó 21 de los 40 tanques de la refinería.

La detonación, que se concluyó fue provocada por gases de uno de los tanques, no solo provocó un temblor de 2.8 grados. También dejó daños en autos que transitaban por la PR-28, PR-5 o el expreso De Diego, tramos cerrados a raíz de la emergencia; provocó la suspensión de clases en Cataño, San Juan, Guaynabo, Bayamón y Toa Baja; el desalojo de varias comunidades aledañas a la refinería y de 1,600 confinados de la cárcel de Bayamón, y dejó sobre 300 refugiados. Además, una docena de casas de Puente Blanco fueron pérdida total y cientos de cuerdas de terreno cercanas a la explosión, así como cuerpos de agua, recibieron un daño ambiental sin precedentes.

Si bien el Gobierno central envió brigadas de varias agencias para auxiliar a los residentes, la líder comunitaria aseguró que no todas las viviendas fueron reparadas y que en algunas todavía se perciben los estragos de la explosión y del humo, que pudo ser visto desde pueblos de la montaña. Las ayudas psicológicas fueron limitadas, y, como la gente estaba procesando el incidente, muchos no se percataron de los daños físicos que tenían en la piel y los pulmones, consideró Figueroa. 

Pero el mayor reclamo de la comunidad sigue siendo que, meses después del incidente, todas las ayudas se quedaron en promesas. “Puente Blanco es antes y después de la explosión. Antes era una comunidad rebosante, llena de vida. Ahora queda la desolación. El Gobierno se olvidó. Los primeros meses había mucho apoyo, porque muchas agencias cogieron exposición con lo que pasó. (Pero todo) se quedó en promesas”, expresó, por su parte, María Torres, otra de las líderes comunitarias de Puente Blanco.

Torres agregó que, aunque han pasado cinco años, “comoquiera uno siente la necesidad de que se atienda a la comunidad porque Puente Blanco es una comunidad de un nivel de pobreza alto”. Agregó que todavía muchas personas sufren enfermedades pulmonares y de la piel, desarrolladas tras la explosión. También se ha visto un alza en los casos de cáncer. “Después de la explosión, ha habido como 50 casos de muertes por cáncer o asma. Mucha gente se fue, vendió las casas por miedo a que volviera a pasar”, sostuvo Figueroa, que no duda que la explosión sea una de las causas de cáncer.

A juicio de la pasada presidenta de la Asociación de Psicología, Nydia Ortiz, los residentes en Puente Blanco podrían estar experimentando estrés postraumático a causa de la emergencia. Esto se manifiesta a través de la “ansiedad y temor cuando la persona enfrenta estímulos que asocian con el evento” o por “sueños o pesadillas recurrentes”, situaciones que continúan experimentando los residentes. La psicóloga recomendó que el Gobierno retome la atención médica a la comunidad para suavizar la sensación de abandono que denunciaron.

Tras el evento, Capeco otorgó una ayuda económica de entre $88 y $177 a cada residente, dinero que se otorgó luego de que la empresa se acogió a la quiebra. “Eso no dio ni para pagar los medicamentos utilizados”, dijo Figueroa. Todavía está pendiente en los tribunales una demanda contra la empresa, a la que se unieron cerca de 4,000 ciudadanos, y Figueroa indicó que esta deberá dilucidarse en enero de 2015.