Lucha para no perder su vivienda

La cifra 111,000 Cantidad de propiedades en riesgo de ejecución, según el representante Carlos Vargas Ferrer

La cifra 100,000 Total de reinstalaciones (renegociación del préstamo hipotecario) mediante el programa de Loss Mitigation de los bancos del país

Ana Santiago nunca pensó que la necesidad de un órgano para uno de sus hijos la llevaría a conocer que cargaba una terrible enfermedad que posteriormente la obligaría a vender su casa para cubrir sus gastos médicos.

Santiago es sobreviviente de cáncer de colon. Se lo detectaron mientras se realizaba unos estudios médicos para donarle un riñón a uno de sus hijos.

Ella no pudo hacer la donación. Su hijo era paciente diabético, y el riñón lo recibió de su hermana.
Un lustro después, el recipiente del órgano murió de un derrame cerebral a los 43 años. El mortal impacto le vino mientras trabajaba.

Santiago estaba desconsolada, en pleno tratamiento del cáncer y viviendo en una casa alquilada.

Con el dinero que le quedó de la propiedad que vendió, la señora que hoy tiene 70 años solicitó una ayuda federal de $15,000 para comprar una casa en un nuevo proyecto en Bayamón.
La adquirió en $70,000 hace 11 años. Hoy vale más de $125,000, y asegura que el banco se la quiere quitar.

La razón, Santiago se atrasó en el pago hipotecario por casi tres meses. Dijo a Metro y a WKAQ 580 que el dinero lo usó para cubrir los gastos de una intervención quirúrgica en su ojo izquierdo.

Que el dinero no lo despilfarró. Que logró reunirlo y que al cumplirse el tercer mes de atraso del préstamo hipotecario llamó al banco para hacer el pago y el operador no quiso recibirlo.

“Me dijo que el préstamo ya estaba en legales y que para poder aceptarme el pago tenía que cubrir los gastos de abogado. Le expliqué que estaba enferma y que para eso usé el dinero, pero él me contestó así: ‘Que al banco no le importaban los problemas de salud’”.

“Eso fue el 31 de marzo”, recordó Santiago, “eran como $800 de abogado y yo pago $301  de casa ($1,703 aproximadamente)”, expresó Santiago.

Consternada la pobre envejeciente le preguntó qué otra opción tenía y el operador le recomendó que visitara la división de Loss Mitigation de la entidad bancaria.

“Fui personalmente a Loss Mitigation y le dije que no podía pagar los gastos de abogados que solo tenía lo de los tres meses de renta. Finalmente, le dije que, si tenía que pagar los gastos de abogados, por favor, me dieran hasta el día 8 de abril, que es cuando me entra el dinero del seguro social”, relató Santiago.

La respuesta de la entidad bancaria fue no y meses después acompañó su negativa con un emplazamiento.

“Me dijeron que no cualificaba para un refinanciamiento por el sueldo, que tenía que tener más sueldo”, arguye Santiago, quien destacó que lo más indignante es que la demanda del banco le exigía acudir al tribunal con su madre de 96 años.

“Mi mamá es la codeudora del préstamo. Me exigieron que la llevara al tribunal. Ha sido un proceso tortuoso. Ella anda en silla de ruedas y tiene indicios de alzhéimer. El médico envió un certificado al tribunal; el banco lo sabe, y aún así me obligó a que la llevara. Ahora me están pidiendo que le busque un representante”, narra Santiago.

“Si tengo que buscar una representante para mi mamá, tendría que pagarle y no tengo. La abogada que lleva mi caso (Gladys Vila, de Servicios Legales) no puede también representar a mi mamá”, añadió.

Situaciones como la de Santiago la libran miles de personas en la isla. Hasta el 31 de julio pasado, los bancos han llevado a los tribunales miles de personas  por demandas de ejecuciones de hipotecas y cobro de dinero. 

Este artículo forma parte de una serie informativa realizada entre Metro y WKAQ 580.