Opinión: Justicia salarial

Las aproximaciones críticas pocas veces están presentes y solo permanece en sus “análisis” la defensa exclusiva de sus intereses que, en la mayoría de las ocasiones, se sustentan en locuaces ataques contra un modelo que garantice mayor justicia social.

Parecería que en tiempos de crisis económica es imposible pensar en medidas que aumenten la calidad de vida de la ciudadanía mediante la ampliación de derechos sociales y laborales. Aproximarse a ideas que alimenten la posibilidad de un mejor bienestar es, para muchos representantes del capital, equivalente a enunciar palabras soeces.

Basta revisar la manera en que se han alzado contra la propuesta legislativa de un aumento escalonado en el salario mínimo, una idea que yace articulada en el Proyecto Senatorial 1195 del senador Cirilo Tirado Rivera, miembro del oficialista Partido Popular Democrático. Lejos de considerar los pormenores de esta medida, desde el momento en que se anunció la radicación del proyecto la discusión solo se ha concentrado en examinar el alegado costo que implica un aumento salarial para el bolsillo empresarial.

Con escandalizado tono hiperbólico, muchos han presagiado la crucifixión de sus negocios porque, indican, no podrán subsidiar un alza en el salario de sus empleados. Alegan, además, que una iniciativa de esa índole pondría en riesgo la estabilidad económica nacional que, en momentos complejos, no aguanta una imposición más.

Cierto es que el Gobierno no ha actuado de la mejor forma para impulsar una nueva normativa que aliente al pequeño y mediano empresario. También es un hecho que la mirada gubernamental hacia el desarrollo económico no ha descansado en el impulso de la producción local. Eso es parte del gran dilema del desarrollo económico: dónde se colocan los enfoques y las prioridades de los regentes del Gobierno; cómo se minimiza y desvaloriza el sector empresarial puertorriqueño.

Sobre ese particular, hemos insistido en la necesidad de que el Gobierno aliente el desarrollo de un modelo que propicie el crecimiento y la estabilidad de nuestro capital nacional; que alivie sus cargas tributarias para no ahogar sus posibilidades de prosperidad.

Ahora bien, no podemos enredarnos en la trampa del discurso de un grupo de empresarios que no cesa en profetizar desgracias para la economía si el Estado considera iniciativas a favor de la clase trabajadora. Apostar a mejores condiciones salariales es una medida de justicia que, a su vez, aporta a robustecer muchos renglones de nuestra economía.

Pensemos, por ejemplo, que los salarios devengados por puertorriqueños y puertorriqueñas son dineros que alimentan la cadena de circulación del capital a través del consumo y la múltiples formas de acceder a prácticas de financiación. Al mismo tiempo, el aumento en la escala salarial también es una manera de aliviar la explotación en aquellos sectores que viven bajo esquemas de precarización laboral, como sucede con las megatiendas. Y ni hablar de cómo la fijación de un aumento en el mínimo de nuestros salarios garantiza un respiro para los miles de trabajadores y trabajadoras que no gozan de ningún otro beneficio laboral. Nadie puede asegurar que, en las condiciones económicas a las que asistimos, devengar un salario de $7.25 por hora es justo y razonable. No hay manera de vivir dignamente con una paga que mantiene a la inmensa mayoría del sector productivo del país sumido en condiciones de pobreza.

El país debería estar inclinado a debatir con seriedad cómo mejoramos nuestra condición social, cómo avanzamos a la construcción de una mejor sociedad, en vez de dedicar tiempo a fusilar las posibilidades de alcanzar niveles más amplios de equidad.

Vea también estas notas:

1. Max tiene el rostro del Marc Anthony y el ritmo de JLo
    
2. 5 cosas increíbles que el cerebro hace mientras dormimos
    
3. Niño de 10 años alega que su madre quiso matarlo