Esquema de corrupción salpica exmiembro de la Junta AEE
Un proponente de proyectos de energía renovable emitió dos cheques a nombre de una empresa perteneciente a un miembro de la Junta de Directores de la Autoridad…
Un proponente de proyectos de energía renovable emitió dos cheques a nombre de una empresa perteneciente a un miembro de la Junta de Directores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) con el alegado propósito de que le favoreciera y ayudara a entorpecer los permisos de otra empresa de energía solar cuyos permisos estaban más adelantados, y si lograba comprarlos con buenos términos podría maximizar la rentabilidad de su propio proyecto.
La alegación -con una serie de anejos que suman casi 50 documentos públicos, privados y corporativos y cientos de páginas- que está en manos del FBI y el NIE, así como en poder de la agencia Inter News Service (INS), intentaría probar que la empresa más adelantada pero que encontró sorpresivos escollos en la AEE fue el supuesto objeto de extorsión, fraude y una conspiración de parte de una empresa y sus dueños, con ayuda de un miembro de la Junta de la AEE y otros funcionarios de la corporación para que fracasara y pudiera ser rematada para beneficio del competidor.
La alegación está contextualizada en una enorme y compleja guerra corporativa entre las empresas Tropical Solar (y subsidiarias) y Ciro Energy (y subsidiarias), alegaciones de contactos políticos, amenazas de bufetes legales, y la intervención de funcionarios en la AEE.
Recientemente, el NIE allanó propiedadades del dueño de Tropical Solar, Roberto Torres, para incautarse de una gran cantidad de documentos.
Fuentes suspicases de INS infieren que si bien podría desarrollarse una investigación que puede involucrar a la pasada administración y a la presente, también puede ser una manera de evitarla debido a que pondría en evidencia la susceptibilidad del sistema ante supuestas influencias de personas destacadas de la comunidad.
El entonces miembro de la Junta de la AEE José Pérez Canabal habría llamado a Torres para que no presentara cargos contra los dueños de Ciro Energy, se alega en la querella.
Torres se quejó ante las autoridades federales de que fue víctima de extorsión y distintos tipos de engaño de parte de Ciro Energy, una empresa de Rubén Pérez Ríos y Mario Tomasini, para entorpecer los acuerdos de TS con la AEE de producir 40 mgv de energía en Guayanilla.
Ciro, presuntamente, quería traspasar esa producción a su propia empresa en Salinas, de 60 mgv, para hacerla viable económicamente. Mientras, aparentaba querer comprar a TS, se alega.
La agria y compleja controversia financiera entre ambas empresas debió cesar con la intervención de políticos y altos directivos de la AEE. Así, al menos, sostiene Torres. Ciro inclusive le indicó a Torres que “limpiaría su nombre” ante el gobierno si accedía a nuevos términos que le permitieran comprar TS. Ciro no cumplió con anteriores términos y Torres quería tomar acción legal por fraude.
“A solicitud de Tomasini, José Pérez Canabal (miembro de la Junta de la AEE), llamó a Torres ‘aconsejándole’ a este que no radicara ningún tipo de cargo en contra de Ciro por estos sucesos ya que esto podría acarrear graves consecuencias para Torres por las conexiones políticas de estos”, se indica en los documentos en poder de las autoridades.
Pérez Canabal habría añadido que “ellos (Ciro) eran ‘buenos muchachos’ y que Torres les diera la oportunidad, que no fuera estricto”.
Entonces, ante el cuadro que le pintó Torres al directivo sobre lo que acontecía, Pérez Canabal se reunió personalmente con Torres y habría “estallado en llanto”. “Le rogó que no radicara ningún cargo contra Ciro, que ellos podían causarle graves problemas a él (Pérez Canabal) y que podía perder su libertad”.
Fue entonces que Pérez Canabal supuestamente le aceptó que ese era el motivo por el cual el contrato de TS con la AEE tenía meses en una enmienda “perdido entre las oficinas de la AEE”, a petición de Ciro.
Dos cheques de Pérez, cada uno por 10 mil dólares, con fechas de noviembre y diciembre de 2011, están girados a favor de Galexda Development, empresa desarrolladora de Pérez Canabal, como opciones a compra de algunas propiedades.
Alega Torres que esos pagos pueden ser “un intento por encubrir un pago mensual que Ciro realizaba a Pérez Canabal por favores políticos de acuerdo a su posición en la Junta de Gobierno en la AEE”.
El grupo de compañías renovables que ya tenían sus PPOA habría celebrado en febrero de 2012 una actividad de recaudación de fondos en la casa de José Benítez, para el entonces gobernador Luis Fortuño, le dijo Pérez Canabal a Torres. Y que Benítez representaba a estas empresas, entre ellas Ciro.
En representación de varias empresas de renovables, Benítez solicitó en agosto de 2011 a la entonces presidenta de la Junta de la AEE Marimar Pérez Riera que Pérez Canabal estuviese presente en su presentación del status de los proyectos renovables.
Según la queja de Torres en manos de las autoridades, Pérez Canabal le habría admitido que si se presentaban cargos contra Ciro podría descubrirse un esquema que él diseñó para otorgar una enmienda al PPOA de Ciro que no estaba autorizada por la Junta y que evadió el protocolo establecido.
El “Power Purchase and Operating Agreement” (PPOA) es el contrato con la AEE, en el que esta agencia se obliga a comprar la producción de energía de la empresa privada a costos determinados. Aparentemente el PPOA de Ciro tenía problemas.
