PIP denuncia encubrimiento del estado para proteger al alcalde de Maricao

Supuestamente, a este “se le ha permitido una casi total impunidad ante los graves actos de corrupción pública cometidos por el funcionario y claramente documentados por las mismas agencias”.

Pérez Valentín se aumentó 3 mil dólares mensuales de sueldo (a 78 mil anuales) cuando el municipio tiene un déficit de 11 millones.

“Las cuatro agencias a cargo de la fiscalización del uso de fondos públicos y el cumplimiento cabal de las leyes que regulan las finanzas municipales- el Fiscal Especial Independiente, la Oficina del Contralor, el Departamento de Justicia y la Oficina de Ética Gubernamental- han resultado ser claramente incompetentes al momento de hacer al cumplir las leyes que juró cumplir el alcalde de Maricao al asumir su posición y se han convertido en cómplices y facilitadores de los actos de corrupción pública cometidas por el funcionario con su imprudente e irresponsable indulgencia ante tales actos”, declaró Rivera López.

“En el caso del FEI, el descaro de esta agencia- claramente identificada con el partido al que pertenece el alcalde- llega al punto de mentirle al público al declarar que nadie ha radicado querellas contra el alcalde ante ese organismo”, dijo.

Añadió que eso es falso pues en septiembre de 2012 el mismo presentó una querella aludiendo a los hallazgos acumulados en 10 informes del contralor a lo largo de 20 años y actos públicos que apuntaban a posibles violaciones de ley.

“La única contestación a esa querella fue el absurdo reclamo de la presentación de un expediente de más de 15 elementos incluyendo declaraciones juradas del alcalde y todos los funcionarios municipales envueltos. Es claro que el FEI no tiene intención alguna de cumplir con su deber y que se ha convertido, con esta bochornosa omisión en el cumplimiento del deber, en cómplice del alcalde y sus actos de corrupción”, reclamó el dirigente independentista.

Rivera López dijo que el alcalde y sus allegados se dan vida de millonario mientras el pueblo “ha estado sumido en el subdesarrollo, la pobreza y el desempleo”.

Este criticó tanto a la Oficina del Contralor como al Departamento de Justicia por no iniciar investigaciones.

“Un lugar privilegiado debe reservarse para el Departamento de Justicia en este esquema de encubrimiento. No solo ha ignorado por completo los señalamientos bien documentados de la Oficina del Contralor, que cuando hace un señalamiento lo hace con abundante evidencia, sino que cuando recibieron mi querella asumieron el papel de abogados el alcalde y parecían estar más interesados en asegurar que el alcalde pudiera evadir la ley más que cumplirla. Con una investigación superficial y tendenciosa el Departamento de Justicia se conformó con dar por ciertas las alegaciones del alcalde de que no había hecho nada ilegal sin profundizar ni hacer el mínimo intento de corroborar las denuncias de una forma diligente y responsable emitiendo una absolución total de las denuncias hechas contra el alcalde”, afirmó el denunciante.

“La Oficina de Ética Gubernamental- a pesar de ser la única agencia que ha tomado alguna acción contra el alcalde- se ha convertido en parte del problema debido a lo pusilánime e indulgente que ha sido al imponer unas sanciones que no pueden caracterizarse de otra forma que no sea insignificantes e irrisorias. Las imposición de una multa de 10 mil dólares al alcalde por una contumaz violación de la ley que le produjo a un familiar suyo más de 200 mil en ingresos a los que no tenía derecho legal no solo es inefectiva como mecanismo disuasivo sino que es un estímulo a continuar con el esquema”, sostuvo Rivera López

El dirigente municipal del PIP pedirá a la senadora de esa colectividad María de Lourdes Santiago que someta legislación para quitarle la discreción a la OEG de negociar las multas.

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