Fitch avala que el Gobierno se acoja a ley federal de quiebras
A la agencia crediticia Fitch Ratings le parece bien que aplique al gobierno de Puerto Rico el capítulo 9 de la ley federal de quiebras, se informó hoy en un…
A la agencia crediticia Fitch Ratings le parece bien que aplique al gobierno de Puerto Rico el capítulo 9 de la ley federal de quiebras, se informó hoy en un artículo de la revista financiera Barron’s, versión digital.
Un artículo de Michael Aneiro indica que el capítulo debe aplicar para la restructuración de ciertas deudas que podría beneficiar a muchos tenedores de bonos.
Según citado por Barron’s, Fitch llamó la extensión del capítulo 9 “ un desarrollo importante y positivo para Puerto Rico y los tenedores de la deuda de sus utilidades e instrumentalidades públicas”.
Los comentarios se produjeron una semana después de que el comisionado residente, Pedro Pierluisi, sometiera legislación en el Congreso que permitiría a las corporaciones públicas del gobierno de Puerto Rico acogerse a las disposiciones del capítulo 9 de la ley federal de quiebras.
La medida legislativa de Pierluisi pretende de una vez que la estatal ley 71 (Ley para el cumplimento con las deudas y para la recuperación de las corporaciones públicas) sea derogada.
Varias empresas de inversiones demandaron en la corte federal de distrito de Puerto Rico al gobierno impugnando esta ley, ya que permite que las corporaciones reestructuren los términos del contrato con los bonistas.
Fitch, indica Barron’s, cree que la medida federal pondría a Puerto Rico en igualdad de condiciones con los 50 estados para ajustar su deuda y obviaría le necesidad de la ley 71.
La publicación no pierde de vista que esta ley se creó para proveer el marco legal que le permita a la Autoridad de Energía Eléctrica y a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados acogerse a la reestructuración de su deuda.
Tampoco cree que la aplicación del capítulo 9 de la ley federal de quiebras aliviaría de inmediato la presión fiscal de estas corporaciones.
Sin embargo, clarificaría las reglas para su reestructuración según parámetros federales conocidos, con precedentes, limitaciones, aparte de proveer el mismo foro para todos.
Igualmente la agencia crediticia sostiene que la aplicación de la ley federal al exceptuado gobierno de Puerto Rico reduce los riesgos de futuras acciones dañinas para los poseedores de la deuda de Cofina.
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