Otra vez a las urnas por el estatus

Separación. El PNP, el PIP y el ala soberanista del PPD rechazan que se realice una nueva consulta de estatus, así sea avalada por el Congreso federal.

Por Cindy Burgos @Cindy_Andreina

17 jul 2014, 12:00 am 2 min de lectura

El gobernador Alejandro García Padilla anunció ayer que enviaría una misiva al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, aceptando su propuesta de $2.5 millones para la celebración de una nueva consulta de estatus en lo que resta de este cuatrienio. Sin embargo, pocos han respaldado la realización de este nuevo plebiscito de estatus, que podría incluir la fórmula del Estado Libre Asociado (ELA) actual.

El primer ejecutivo indicó que esta nueva consulta deberá pasar por el crisol del Departamento de Justicia federal, como sugirió Obama, pero no dijo cuál sería la propuesta del ELA que estarían presentando. Además, sostuvo que el acuerdo fue tomado en la reunión de la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático (PPD) en una votación de 22 a 4, con la oposición los representantes Charlie Hernández y Luis Vega Ramos, y los alcaldes de San Juan y Comerío, Carmen Yulín Cruz y Josean Santiago, respectivamente, todos del ala soberanista.

Aunque Vega Ramos y Cruz no descartaron insertarse en la discusión del desarrollo del ELA propuesta por el gobernador, indicaron que no consideran que esta nueva consulta de estatus tenga garantías de “auto ejecutabilidad” de los resultados.

Por su parte, los presidentes de los partidos Nuevo Progresista e Independentista Puertorriqueño, Pedro Pierluisi y Rubén Berríos, rechazaron participar del nuevo plebiscito, ya que, para el primero, es “dar largas” al asunto del estatus y, para el segundo, es “una burla al pueblo puertorriqueño”, que ya rechazó el estatus colonial actual. Pierluisi reiteró su llamado a que se realice una consulta de estadidad sí o no con el dinero que asignó Obama. Mientras que Berríos consideró que una Asamblea de Estatus era una opción más apropiada. 

Cifra $2.5 millones es la cantidad que el Congreso federal aprobó en su presupuesto para realizar una consulta de estatus en la isla.