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title: "Opinión: Sillas musicales"
description: "Las últimas degradaciones del crédito de Puerto Rico y de las corporaciones públicas evidentemente vienen como reacción de las casas de evaluación crediticia a…"
canonical: "https://www.metro.pr/noticias/2014/07/11/opinion-sillas-musicales"
section: "Noticias"
author: "Armando Valdés @armandovaldes"
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published: "2014-07-11T04:00:00.000Z"
updated: "2022-02-21T16:10:40.947Z"
publisher: "Metro Puerto Rico"
language: "es"
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# Opinión: Sillas musicales

_Las últimas degradaciones del crédito de Puerto Rico y de las corporaciones públicas evidentemente vienen como reacción de las casas de evaluación crediticia a…_

Por Armando Valdés @armandovaldes · Noticias · 2014-07-11T04:00:00.000Z

Las últimas degradaciones del crédito de Puerto Rico y de las corporaciones públicas evidentemente vienen como reacción de las casas de evaluación crediticia a la legislación conocida popularmente como la ley de quiebra criolla. Resulta injusta esta determinación.

Hace apenas unos meses, y en el contexto del más reciente mensaje de presupuesto, escribí en este periódico que “[r]establecer la confianza del mundo en Puerto Rico requiere de una estrategia que no añada a la incertidumbre”. Precisamente ese ha sido el camino trazado por el gobernador Alejandro García Padilla.

Como explicara en mi última columna, la insolvencia de una empresa o de una entidad pública no es resultado del proceso de quiebra. Lo que hace el proceso de quiebra es suplir reglas para la eventualidad de que un deudor no pueda pagar. Por exclusión expresa, las leyes federales de quiebra no permiten que instrumentalidades públicas de Puerto Rico se acojan a estas. Por tanto, ante una situación de insolvencia, habría un vacío legal que ocasionaría un alto nivel de inseguridad, tanto para los acreedores del ELA como para la ciudadanía.

De ahí lo incomprensible de la decisión de las casas en cuanto a la deuda de obligaciones generales y la de COFINA. Lo que hace la legislación local es aislar dichos emisores de deuda de aquellas corporaciones públicas —como la Autoridad de Energía Eléctrica— que verdaderamente están próximas al impago. Además, establece reglas para asegurar que las entidades insolventes puedan seguir supliendo servicios esenciales a los puertorriqueños y, a su vez, respondiéndoles a sus deudores. La ausencia de reglas no asegura el pago; asegura solo la inestabilidad, tanto para una población que espera seguir recibiendo el servicio eléctrico en sus hogares y empresas como para bonistas que no sabrían cómo se les habría de pagar.

Por otro lado, y aunque no es su rol, sería bueno escuchar las recetas económicas de Moody’s, Fitch y Standard & Poor’s. Cómo, me pregunto, nos sacarían ellos del atolladero. Sus evaluaciones aparentan ignorar que Puerto Rico no es una mera empresa, es un país que debe lidiar con las necesidades de su gente.

Un país con una población en vías de contraerse —a 2.3 millones para el 2050—, pero que tiene una infraestructura y nivel de deuda para un país de 4 millones. En la medida en que el pago de su deuda sea su única prioridad, según nos exigirían las casas neoyorquinas, las contribuciones inevitablemente tendrían que aumentar, fomentando aún más la emigración. Y, como en un juego de sillas, quienes permanezcamos aquí eventualmente nos quedaremos desprovistos cuando la música se detenga.

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