Opinión: Llueve y no escampa

La mayor parte de la discusión pública sobre la gestión gubernamental en los pasados 18 meses ha girado en torno al manejo de las finanzas públicas…

Por Alejandro Figueroa @ajfc1976

11 jul 2014, 12:00 am 3 min de lectura

La mayor parte de la discusión pública sobre la gestión gubernamental en los pasados 18 meses ha girado en torno al manejo de las finanzas públicas, particularmente, cómo debe atenderse la deuda y el déficit del Gobierno y las corporaciones públicas. De hecho, en este espacio hemos discutido las razones por la cual nos encontramos en la presente crisis. 

Tras meses de espera, finalmente ocurrió lo que muchos temíamos y otros aseguraban que no ocurriría: las casas acreditadoras clasificaron la deuda de Puerto Rico como “chatarra”. Para aquellos que no están familiarizados con en el mundo de las finanzas y las consecuencias de esta clasificación, tal acción es similar a cuando los problemas financieros de un individuo se reflejan en su historial de crédito y la puntuación que le otorgan las entidades evaluadoras, como TransUnion, Experian y otras, causan que esa persona tenga que pagar intereses más altos al solicitar un préstamo o que, en el peor de los casos, le denieguen préstamos.

En días recientes la aprobación apresurada de la ley de quiebra criolla dio pie a una avalancha de la degradaciones adicionales, llevando a que más del 50 % de la deuda de Puerto Rico esté hoy clasificada como chatarra por las tres principales casas acreditadoras: Moody’s, Standard & Poor’s y Fitch Ratings. Esto ha provocado pérdidas millonarias para los que pusieron su confianza y dinero invirtiendo en la isla. Esencialmente, Puerto Rico está en los zapatos del individuo cuyo historial de crédito es tan malo que nadie se aventura a prestarle. Y lo que es más preocupante es ver cómo el cambio de las reglas de juego con la ley de quiebra criolla ha destruido la confianza del mundo en Puerto Rico llevando a que se refieran a Puerto Rico como la nueva Venezuela tanto en términos políticos como económicos.

A nadie debe sorprenderle las reacciones que han tenido las casas acreditadoras. Tal como hemos señalado, la imposición de decenas de nuevos impuestos, reformas improvisadas a los sistemas de retiros y la ley de quiebra criolla son solo algunas de las acciones de esta administración que han afectado el buen nombre de nuestro gobierno.

Tampoco debe sorprender la reacción del Gobierno de que demandarían a las casas acreditadoras ante degradaciones adicionales. Más allá de lo ridículo que pueda sonar el planteamiento, lo cierto es que resalta la terquedad del liderato de turno para aceptar que lo que han hecho hasta el momento es sumergirnos en una crisis aún más profunda.  En cierto sentido, la reacción del Gobierno ante los anuncios de las casas acreditadoras es comparable al niño malcriado que culpa a la maestra tras haber fracasado en un examen.

Ante esta realidad, es necesario que la presente administración demuestre madurez aceptando sus errores, revirtiendo las políticas económicas que no han dado resultado y dando paso a la colaboración con los líderes de otras ideologías. Recientemente, Pedro Pierluisi reiteró su disposición y la de los funcionarios elegidoss bajo la insignia del Partido Nuevo Progresista para colaborar en el diseño de la estrategia para enfrentar la crisis. En ese sentido, expuso nuevamente las soluciones y principios básicos que ha presentado como alternativa, que tienen el fin de propiciar un aumento en el desarrollo económico, elemento esencial para recuperarnos de esta crisis. Así pues, no hay excusas para que esta administración continúe llevándonos por el camino equivocado. Es hora de corregir nuestro rumbo por el bien de todos.