Solicitan que se quede en la cárcel alcalde de Río Grande
Se alega que es por un caso de corrupción pública
Por Cindy Burgos @Cindy_Andreina
El Negociado Federal de Investigaciones (FBI) arrestó esta mañana en su residencia al alcalde de Río Grande, Eduard Rivera Correa, por cargos de corrupción pública, soborno a programas federales, obstrucción a la justicia y extorsión. El alcalde fue arrestado junto con el abogado Alejandro Carrasco, asesor legal de Río Grande, Juncos y Barceloneta.
La jefa de Fiscalía federal en la Isla, Rosa Emilia Rodríguez, indicó que solicitó que el alcalde fuera arrestado sin fianza debido a las amenazas que realizó a contratistas.
El caso, asignado al fiscal federal Charles Walsh, consta de un esquema que data desde el 2009 en el que el alcalde de Río Grande les solicitaba a los contratistas que compraran boletos para actividades políticas a cambio de contratos. Se alega que el alcalde recibió $39 mil en efectivo por contratos de construcción y que el abogado está grabado mientras realizaba la extorsión.
“El alcalde Rivera Correa obstruyó la justicia mediante amenazas al contratista A en conversaciones que están grabadas. El alcalde trató de detener al contratista A de hablarle a las autoridades y a un gran jurado federal… El pliego acusatorio detalla cómo el abogado solicitó pagos o ‘kick backs’ al contratista A en varias ocasiones y simulaban como honorarios legales para influenciar los negocios que el contratista A hacía con varios municipios”, detalló la jefa de Fiscalía federal.
Según la fiscal federal, el contratista A pagó a Carrasco $24,000 para recibir un contrato de $120,000 con el municipio de Barceloneta por servicios de construcción en 2009. Otros $15,000 fueron entregados por parte del contratista A para Carrasco para un contrato de consulta de peritaje ambiental de $100,000. “Entre marzo y julio de 2010, el contratista A le pagó $18,300 a Carrasco por tres contratos con el municipio de Río Grande, uno por $60,000, otro por $98,000 y el tercero por $170,000 todos por servicio de inspección de construcción”, agregó Rodríguez.
Entre agosto y octubre de 2010, el contratista A pagó $15,000 a Carrasco por un contrato de construcción con el municipio de Juncos por $88,000. “Según la investigación nuestra, no hay ninguna prueba que involucre al alcalde de Juncos, ninguna prueba”, afirmó Rodríguez.
“Desde que yo llegué aquí como director del FBI el año pasado (los casos de corrupción) lo veo como una constante. La corrupción a todos los niveles es constante. Yo no veo o no he visto que haya cesado con todo y los casos que hemos estado sacando de corrupción a todos los niveles. Es triste y preocupante y, como dijo la fiscal (federal Rosa Emilia Rodríguez), vamos a seguir atacando la corrupción a todos los niveles”, advirtió el director del FBI en Puerto Rico, Carlos Cases.
Los acusados se exponen a 10 años de cárcel y una multa de $250,000, aunque el hecho de que hayan sido funcionarios públicos puede ser un agravante.
En la conferencia de prensa también participó la directora de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), Zulma Rosario, quien rechazó dar detalles sobre la participación del ente en la investigación.
Vea también estas notas: Héctor Ferrer no descarta retar a García Padilla Netflix contrata personas para ver películas en casa Envia foto desnuda a su padre por error
