Justicia acusa a 20 transportistas y nueve compañías
Los acusados se exponen al pago de multas de $5,000, y la suma de todas las multas podría ascender a $175 mil.
Por Sarah Vázquez @SarahFVazquez
El Departamento de Justicia acusó a unos 20 transportistas y nueve compañías que ofrecían servicios de transporte a estudiantes del Departamento de Educación de adoptar conductas anticompetitivas que restringen el comercio.
Según se detalló mediante comunicación escrita, la División de Asuntos Monopolísticos (OAM) del Departamento de Justicia (DJ) radicó hoy, jueves, cuatro querellas ante el Departamento de Asuntos al Consumidor (DACO), luego de una investigación sobre presuntos esquemas para la fijación ilegal de precios, limitación de oferta de servicios y manipulación en el proceso de las subastas.
“Los transportistas utilizaron los procedimientos administrativos de la Comisión de Servicio Público para controlar y limitar la entrada de nuevos competidores al mercado de la transportación escolar. En algunas instancias los querellados formalizaron acuerdos para que los transportistas tuvieran menos vehículos disponibles para dar sus servicios y para que no solicitaran añadir más vehículos por espacio de un año”, detalló el Secretario Auxiliar de Asuntos Monopolísticos del DJ, el licenciado Jesús M. Alvarado Rivera.
El licenciado dijo, además, que los acusados también acordaron reducir las zonas geográficas que recibirían sus servicios. “Algunos de los transportistas, incluso, llegaron a pactar que no se ofrecerían servicios a ninguna escuela de Puerto Rico y que no se presentarían ofertas en los procesos de subastas del Departamento de Educación”, relató Alvarado Rivera.
Estas prácticas infringen las disposiciones de la Ley 77 del 25 de junio de 1964, según enmendada, conocida como la Ley de Monopolios y Restricción al Comercio. Los acusados se exponen al pago de multas de $5,000, y la suma de todas las multas podría ascender a $175 mil.
“Cuando en un mercado se producen o se ofrecen menos servicios, los precios tienden a ser más altos, lo cual perjudica al consumidor. Es por esta razón que las leyes de libre competencia estatal y federal, además de prohibir los acuerdos horizontales entre competidores en los que se manipulan los precios de los bienes y servicios, también prohíben acuerdos en los que se limita o fija la cantidad de bienes o servicios que los competidores producen u ofrecen”, sentenció el secretario auxiliar.
El funcionario añadió que el acuerdo de los hoy acusados tuvo el efecto de sustituir el proceso natural de competencia en el libre mercado, por un esquema de oferta de servicios artificial desarrollado por la combinación de los intereses económicos del grupo de transportistas.
“En vez de permitir que cada transportista decidiera por cuenta propia cuán amplia deseaba que fuera su zona de servicios para presentar la correspondiente solicitud de autorización ante la Comisión de Servicio Público (CSP), el acuerdo ilegal creó un cartel de competidores que decidieron conjuntamente qué posibles clientes estarían dispuestos a servir. En ese proceso dejaron sin servicio al Departamento de Educación, lo cual representa un alza en los costos de esta agencia, y por lo tanto más gastos para todos los contribuyentes del País”, concluyó.
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