Quiebra criolla para las corporaciones

“Es importante aclarar que esta ley no incluirá la deuda del Estado Libre Asociado ni otras entidades gubernamentales”- Alejandro García Padilla, gobernador de Puerto Rico

Con el propósito de llenar el vacío legal existente en Puerto Rico ante la imposibilidad de acogerse a un capítulo 9 de quiebras, como ocurre en los estados de Estados Unidos, el gobernador Alejandro García Padilla presentó ayer un proyecto legislativo para crear la Ley para el Cumplimiento con las Deudas y para la Recuperación de las Corporaciones Públicas, que garantizará a las corporaciones públicas que tengan problemas económicos cumplir con sus deudas y continuar ofreciendo sus servicios.

Esta medida fue aprobada ayer en ambos cuerpos legislativos. “Esto no es una ley de quiebras. Este proyecto de ley está hecho para garantizar la continuidad de la operación, y si fuera una ley de quiebras, podría proveer para la liquidación de la corporación. Por supuesto, hay elementos que uno podría decir que están en común”, indicó el gobernante, que aseguró que esto no permitirá una privatización de la corporación. La ley tampoco provee para que la corporación deje de pagar su deuda y reconoce la Ley 66 de Sostenibilidad Fiscal y Operacional, que cambia los beneficios de los empleados en los convenios colectivos temporeramente.

“Esta ley protege el carácter público de estas corporaciones, distinto de una ley de quiebras”, agregó García Padilla, quien justificó la creación de esta ley porque el Tribunal Supremo de Estados Unidos “ha sostenido que en jurisdicciones a las que no les aplican las leyes federales pueden crear sus propias leyes”. Además, indicó que, si no se creara, las tarifas de las corporaciones “quedarían en manos de los bonistas”.

Las corporaciones públicas podrán acogerse a esta legislación cuando no tengan más opciones ante una emergencia financiera, de manera que ya no tendrían que ser auxiliadas por el fondo general.

El proyecto ofrece dos mecanismos a las corporaciones públicas para un “ajuste financiero exitoso”.
Mientras García Padilla presentaba la medida, el Gobierno radicaba ayer una legislación para que se le autorice hacer una nueva emisión de bonos por $60 millones.

La medida (P. S. 1165) dispone que dicha emisión sería utilizada para cubrir el costo de mejoras públicas necesarias y el costo de la venta de dichos bonos y pagaré.

Análisis Los dos lados de la moneda El lado positivo de esta ley es que el Gobierno ha reconocido que la situación fiscal de las principales corporaciones públicas no es sostenible y que antes de que haya un default y un impago, es mejor iniciar un proceso de reestructuración de la deuda de forma organizada. El lado negativo es que podría crear cierta inestabilidad en el país que afecte la atracción de inversión privada. Pudiera haber una merma en el capital de los bonistas que invirtieron en esas corporaciones. Y si hubiera una venta masiva de estos bonos, afectaría los precios, y eso podría ejercer presión en los inversionistas de aquí y afuera. Gustavo Vélez Economista, consultor y presidente de la firma Inteligencia Económica

Análisis Quiebra a la criolla Las herramientas que provee esta ley, que vamos a llamarle la ley de quiebras criolla, son similares a la Ley de Quiebras federal, pero tiene unas garantías que no tiene la federal, que es que los acreedores tienen que aguantarse de una paralización automática de las gestiones de cobro y evitar la liquidación (de la corporación pública) forzada. Desde el punto de vista gubernamental y de que se provean los servicios, la ley que se diseña trae unas garantías que no tiene la Ley de Quiebras federal, porque no se puede permitir que una corporación pública que provee una utilidad desaparezca en manos de los acreedores. Dejar de pagar y dejar que los acreedores se lo coman a uno es una mala alternativa.  Juan Manuel Suárez Cobo Abogado de quiebras

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