Plan de reestructuración de deuda en corporaciones públicas
Aunque la medida llenará el vacío legal en la Isla ante la falta de un capítulo 9 de quiebras, el ejecutivo explicó que no es una Ley de Quiebras porque no liquida la corporación ni evita que se pague la deuda
Por Cindy Burgos @Cindy_Andreina
Con el propósito de llenar el vacío legal existente en Puerto Rico ante la imposibilidad de acogerse a un capítulo 9 de quiebras, como ocurre en los estados de Estados Unidos, el gobernador Alejandro García Padilla presentó hoy un proyecto legislativo para crear la Ley para el Cumplimiento con las Deudas y para la Recuperación de las Corporaciones Públicas, que garantizará a las corporaciones públicas que tengan problemas económicos cumplir con sus deudas y continuar ofreciendo sus servicios.
Esta medida deberá ser aprobada hoy en ambos cuerpos legislativos, ya que hoy es el último día de esta sesión legislativa. No obstante, las diferencias que tengan los legisladores con la medida podrán aclararse hasta el 30 de junio en comités de conferencia.
“Esto no es una ley de quiebras. Este proyecto de ley está hecho para garantizar la continuidad de la operación y si fuera una ley de quiebras podría proveer para la liquidación de la corporación. Por supuesto, hay elementos que uno podría decir que están en común, por ejemplo, se puede radicar un caso para ordenar el pago de las deudas, pero diferente a una ley de quiebras en términos de que no se puede disolver la corporación”, explicó el gobernante, que aseguró que esto no permitirá una privatización de la corporación. La ley tampoco provee para que la corporación deje de pagar su deuda y reconoce la Ley 66 de Sostenibilidad Fiscal y Operacional, que cambia los beneficios de los empleados en los convenios colectivos temporeramente.
“Esta ley protege el carácter público de estas corporaciones, distinto a una ley de quiebras”, agregó García Padilla, quien justificó la creación de esta ley porque “el Tribunal Supremo de Estados Unidos “ha sostenido que en jurisdicciones a las que no les aplican las leyes federales, pueden crear sus propias leyes”. Además, indicó que, si no se creara, las tarifas de las corporaciones “quedarían en manos de los bonistas”.
Las corporaciones públicas podrán acogerse a esta legislación cuando no tengan más opciones ante una emergencia financiera, de manera que ya no tendrían que ser auxiliadas por el fondo general.
El proyecto provee dos mecanismos a las corporaciones públicas para un “ajuste financiero exitoso”. El primero es el capítulo dos, que dispone de un mecanismo voluntario con participación judicial limitada que permite a la corporación pública un aplazamiento o reducción de la deuda con el consentimiento de la mayoría de los acreedores. Si este mecanismo fracasara, las corporaciones pueden utilizar el capítulo tres, en el que resuelve el asunto mediante una solución judicial.
“Es importante aclarar que esta ley no incluirá la deuda del Estado Libre Asociado ni otras entidades gubernamentales”, destacó García Padilla. Los municipios, el Banco Gubernamental de Fomento (BGF), la Universidad de Puerto Rico, las administraciones de retiro, la Compañía de Fomento Industrial, la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura, entre otras agencias y corporaciones no podrán acogerse a este beneficio, aseguró en una conferencia de prensa.
Sin embargo, cuando se le cuestionó al primer ejecutivo sobre qué corporaciones podrían acogerse a esta nueva legislación, se limitó a decir que “no se ha tomado una determinación en ninguna corporación pública… La inmensa mayoría de las corporaciones públicas están a salvo”. Tampoco dijo por qué esperaron hasta el último minuto para presentar la legislación, que desde hace días se venía rumorando.
Por su parte, el presidente de la Junta de Gobierno del BGF, David Chafey, indicó que las deudas de las principales corporaciones públicas ascienden a $26,000 millones en total y, entre las que se destacan la deuda de $10,000 millones de la Autoridad de Energía Eléctrica, la deuda de $7,000 millones de la Autoridad de Carreteras y Transporte, los $4,500 millones de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y los $500 millones de Puertos.
“Muchos participantes del mercado van a ver bien el hecho que tengamos esta legislación porque da un marco legal… Las casas acreditadoras tienen que tomar sus decisiones con o sin la legislación. Ellos tienen que estar evaluando la situación financiera de cualquier corporación pública, así que si alguna corporación se acogiese a esto, y ellos están tomando una decisión, llegaron tarde a la fiesta, porque ellos deben estar evaluando constantemente”, dijo Chafey sobre la reacción de las casas evaluadoras del crédito ante la ley.
