Opinión: Corrupción moral

Todo apunta a que la mirada de las autoridades federales se enfocan en desenmarañar cómo operan los procesos judiciales del país y hasta dónde la corrupción ha calado en las salas de nuestros tribunales lacerando la conducta de jueces, fiscales y abogados.

En torno a eso, y en momentos en que se hacía lectura pública de las acusaciones que pesan sobre los hombros del exjuez Acevedo, la jefa de la Fiscalía federal en Puerto Rico, Rosa Emilia Rodríguez, sentenció: “La corrupción se está asomando en todas nuestras instituciones. El materialismo desmedido en el que vive nuestra sociedad no debe ni puede afectar de manera alguna el cumplimiento de nuestros responsabilidades”.

Para algunos crea desagrado las expresiones de la fiscal por el simple hecho de venir de boca de una representante de la justicia de Estados Unidos en la Isla. Otros, en cambio, repudian que se alcen sospechas sobre la forma en que se conducen los procesos judiciales en el país refugiándose en un férreo manto de pulcritud.

Lo cierto es que todos los días desde las gradas vamos observando cómo el sistema de justicia, sobre todo en casos criminales, va adoptando las reglas del mercado que en su faz propende a establecer la norma a fuerza de billetes.

Evaluemos, por ejemplo, hasta dónde los trámites para realizar nombramientos en la judicatura, al igual que en la fiscalía, se amañan de la compra y venta de influencias de personas que utilizan sus relaciones de poder con políticos de turno para impulsar la confirmación de sus candidatos.

Ese juego de incidir en los nombramientos de jueces y fiscales, al margen de las calificaciones que pueda o no tener el nominado, es algo que no escapa a la vista del país y que se ha convertido en una práctica ordinaria cada vez que hay una posición vacante.

De esa manera, vamos lacerando la confianza en los procesos judiciales, mancillamos la honra al servicio público y desmerecemos la labor judicial porque colamos en nuestros tribunales seres indignos que son presas fáciles para rendirse a intereses económicos de terceros.

Ese proceder salpica a la imagen del resto de los abogados y abogadas, fiscales y jueces que cumplen un rol honesto y vertical a favor de la justicia, de los que hay muchas y muchos comprometidos con la aplicación del derecho desde principios de equidad, con sensibilidad hacia los menos favorecidos y alto nivel de conciencia social.

Empero, hay también, como ocurre en todos los oficios, quienes se insertan en el espacio judicial sin parámetros éticos y a expensas de las reglas del mercado.

Un destacado joven abogado, al abordar el arresto del exjuez de Aguadilla, sintetizó en las redes sociales el eje central de este problema: “No podemos olvidar que en el sistema económico y político que sufrimos la justicia es mercancía y, sin dudas, es objeto de transacciones de compra y venta que hacen del proceso justiciero una burla”.

Las expresiones responden a Alvin Rafael Couto de Jesús, quien al concluir su análisis lanza una interrogante que debería ser eje central de una reflexión amplia y colectiva.

“Debemos hacer un cuestionamiento serio a la manera en que nuestra justicia se ha adoptado a las reglas de mercado. El debate debe ser más abarcador que el de meramente hablar de manzanas podridas y excepciones. La corrupción en nuestra isla trasciende la toga de un juez, inherentemente va atada a una visión de mundo que corrompe las fibras morales de nuestra sociedad”.