Opinión: Eclipse social
El drama escenificado en el Centro Judicial de Aguadilla, con acusaciones contra un exfiscal y señalamientos sobre la conducta de un veterano juez, desata un…
El drama escenificado en el Centro Judicial de Aguadilla, con acusaciones contra un exfiscal y señalamientos sobre la conducta de un veterano juez, desata un ambiente encandilado que lacera la confianza ciudadana en los procesos legales del País y en la ética de la justicia.
Conocer que entre jueces, abogados, fiscales y acusados se dan acuerdos salpicados de intercambios económicos o favores políticos, para inclinar la balanza en contra de la rectitud que debe primar en la resolución de los casos en los tribunales, no es noticia nueva, aunque no deja de sorprender.
Despierta, ante todo, curiosidad por conocer los entresijos de esas conversaciones oscuras entre letrados para acordar veredictos, así como las solicitudes de pagos que se dispersan en el diálogo y hasta las amenazas de sobornos y chantajes que se vierten para alterar opiniones, archivar casos o, simplemente, hacerse el sueco y mirar hacia el otro lado. La acción es clásica para un giro novelesco.
Molesta y preocupa, en cambio, que la notoriedad que cobran estos eventos en la difusión noticiosa, cada vez más inclinada a ceñirse con trazos del espectáculo, crea la sensación que estos incidentes son norma en nuestra judicatura.
Al ser construido de esa manera, se mancilla injustamente la imagen del resto de abogados y abogadas, fiscales y jueces que cumplen un rol honesto y vertical a favor de la justicia.
En el País hay cientos de buenos juristas comprometidos con la aplicación del derecho desde principios de equidad; con sensibilidad hacia los menos favorecidos y con un alto nivel de conciencia social en torno a cómo, en sociedades desiguales hacemos de la defensa de la justicia un imperativo para la construcción de un mejor provenir.
Ahí están los más. Ellos y ellas son la norma de nuestro quehacer judicial. Los otros, a quienes se señalan por actos impúdicos, son menos y, en muchos casos, son también víctimas de un desenfrenado consumismo que solo valora el peso material del dinero, mancillando valores y consideraciones éticas de buena ciudadanía.
El problema, en tanto, no es individual sino colectivo. Al paso de los años, hemos permitido que los juegos y oportunismos económicos de unos pocos se antepongan a los intereses colectivos, presenciando cómo la corrupción del dinero se enmaraña impunemente en decisiones de políticos, fiscales y jueces, desmembrando nuestro orden social. Así las cosas, la honra al servicio público para la ciudadanía se mancilla.
Se desmerece la acción pública porque, muchos de los que ostentan el poder, se vuelven seres indignos al rendirse a intereses económicos de terceros que, lejos de encumbrar el bien común, usan sus dineros para maniatar decisiones y leyes a su favor con el único objetivo de engordar más sus arcas y pasearse por encima de la ley.
Ahí está ceñido el mal de una corrupción que carcome la esfera política y judicial. En ambos escenarios cohabitan seres “débiles” de espíritu que acostumbran encauzar el país hacia el lado de mayor peso en sus bolsillos.
Por eso, no sorprendería que en la novela del tribunal de Aguadilla también se desenreden capítulos de amenazas chantajistas protagonizadas por traficantes económicos de donaciones a políticos de carrera.
Quienes así obran, presumen de “libertad” para intimidar a quien sea a sabiendas que siempre pueden pasar factura a los regentes del poder a cuesta del saldo de sus aportaciones monetarias. ¿Qué hacer? Comencemos con limitar las contribuciones individuales y corporativas a los partidos y los políticos.
Legislemos, además, para alejar a los funcionarios electos y nombrados de todo privilegio para minar así su corruptibilidad. No es mucho, mas por algún lado podemos comenzar para sanear nuestro eclipse social.
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