Opinión: Mil quinientos menos
El anuncio de la administración García Padilla —dirigido a los potenciales compradores de bonos, no al pueblo de Puerto Rico— sobre una reducción de $1,500…
Por María de Lourdes Santiago @marialourdespip
El anuncio de la administración García Padilla —dirigido a los potenciales compradores de bonos, no al pueblo de Puerto Rico— sobre una reducción de $1,500 millones en el próximo presupuesto podrá llevar solaz a los buitres que se alimentan de nuestra deuda, pero augura peores tiempos para nuestro país. El demagógico llamado para la aprobación de un presupuesto achicado oculta el resultado anticipable de tal medida: en un escenario de crisis como el nuestro, con un sector privado golpeado y, por lo tanto, inhábil para aumentar su insumo a la economía, la merma significativa de la inversión gubernamental solo acentuará la contracción económica. De hecho, los cortes presupuestarios dependen, para ser eficaces, de una expansión de la participación laboral y de la revitalización del mercado. Ambos factores están dolorosamente ausentes de nuestra realidad.
Las consecuencias previsibles de la propuesta no son esperanzadoras: los servicios públicos ya debilitados por la Ley 7 del pasado cuatrienio sufrirán aún más, y hay quien ve como inevitable los despidos o la reducción de jornada. De ser así, esa nueva ola de desempleados no podrá encontrar espacio en la empresa privada, por lo que se convertirán en dependientes de la asistencia gubernamental —también lacerada por la reducción presupuestaria—. De hecho, cuando se habla de la reducción de nómina como la respuesta a todos los males, se soslaya el hecho de que en los últimos años ese renglón del presupuesto ha mermado consistentemente. En el año fiscal corriente la partida de nómina del presupuesto consolidado es de $6,768.3 millones: una reducción de $1,607.2 millones en relación a la misma partida en el año 2010.
Estamos quizás ante la última oportunidad expedita para darles un rumbo más racional a las dispersas iniciativas gubernamentales. El malgasto del Gobierno tiene que sustituirse por un “buen” gasto, ordenado y sensato. La contratación de recursos externos y los gastos publicitarios deben reducirse al mínimo indispensable. La base contributiva tiene que fortalecerse no mediante una nueva colección de parchos al Código de Rentas Internas o a las leyes especiales que festinadamente reparten trato especial a eslabones privilegiados de la cadena económica, sino mediante una reforma contributiva integral, acompañada de herramientas fiscalizadoras que atajen la escandalosa evasión contributiva. Todo incentivo gubernamental —privilegios contributivos, donativos, subsidios de todo tipo— tiene que ser objeto de un proceso estricto de rendición de cuentas, y aquellos que no respondan a un fin social o que no impliquen una justa reciprocidad en beneficios al erario, deben ser eliminados. De la misma forma que el estado de emergencia fiscal ha servido para justificar los despidos de Ley 7 y el desmantelamiento de los sistemas de retiro, debe ser la base para revisar los decretos de exención aprobados en cuartos oscuros. Las estrategias de contratación mediante la estructura de alianzas público privadas tienen que ser revisadas para que la colaboración con la empresa privada no se dé en las condiciones desiguales que hoy padecemos. Las propuestas con efecto a largo plazo que en estos momentos están bajo consideración (Plan de Uso de Terrenos, reforma energética) deben partir de una base racional, consensuada y con el interés colectivo como norte.
La comunicación al país tiene que fluir de forma franca e inteligible, dejando atrás las frases rosadas y las medias verdades. Y, sobre todo, las determinaciones sobre el futuro del país deben estar en manos capaces de gente comprometida con la gestión pública. Sin esos cambios —imprescindibles e impostergables— no hay forma de salvar lo que nos queda, y mil quinientos de menos o de más no harán la diferencia que desesperadamente necesitamos.
