Presentan medida para investigar “presiones indebidas” por parte de Tuller
Las denuncias sobre presuntas “presiones indebidas” por parte del designado superintendente de la Policía, James Tuller Cintrón, para llevar a cabo cambios en…
Las denuncias sobre presuntas “presiones indebidas” por parte del designado superintendente de la Policía, James Tuller Cintrón, para llevar a cabo cambios en la jefatura del Colegio Universitario de Justicia Criminal, por estrictas consideraciones político partidistas, podrían ser objeto de una investigación en la Cámara de Representantes si el cuerpo da paso a la medida presentada por el representante Héctor Torres Calderón, del Partido Nuevo Progresista (PNP).
“Se han ejercido presiones desde la Fortaleza para nombrar como rector del Colegio a alguien con el visto bueno de la presente administración, por lo que el designado superintendente ya ha citado al sicólogo Ferdinand Arce Santiago para entrevista, según información divulgada por los medios de comunicación”, señala el político.
“Arce Santiago, según partes de prensa, ha tenido líos de carácter sexual en la Policía, tuvo un señalamiento por parte de la Oficina de Ética Gubernamental mientras hacía sus estudios universitarios y se le identifica como recaudador importante del Partido Popular Democrático (PPD)”, señala el escrito.
“Tales denuncias no pueden pasar desapercibidas, por lo que persigo que la Cámara de Representantes lleve a cabo una investigación y, de corroborarse toda la información, se lleven los resultados ante las oficinas correspondientes”, manifestó el representante.
El Colegio tiene un rector, el licenciado Guillermo Torruella, ratificado por la Junta de Directores, “organismo que se ha resistido a las presiones de La Fortaleza”, indica Torres Calderón.
Según la Ley 155-1999 se crea el Colegio Universitario de Justicia Criminal, adscrito a la Policía de Puerto Rico. Para conceder grados universitarios se requiere de una total “independencia académica y operacional”, por lo que “si se encuentran ciertas todas las imputaciones, el superintendente estaría violando la Ley”, indicó el legislador PNP.
“Nos causa gran preocupación que este tipo de situación afecte el ‘Acuerdo para la Reforma sostenible del Departamento de Policía de Puerto Rico entre los Estados Unidos, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y el Departamento de Policía de Puerto Rico’, que incluye, entre otros, despolitizar a dicho cuerpo de seguridad y protección, profesionalizar a sus componentes, promover la optimización de responsabilidad y de las prácticas policiales para asegurar que los residentes locales estén libres del uso de fuerza excesiva, allanamientos y confiscaciones ilícitas y discriminación”, reza la medida.
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