Opinión: Azote sindical
En la medida en que el Gobierno muestra impotencia en articular una salida a la crisis fiscal, enfila sus cañones a señalar que el problema central del país…
En la medida en que el Gobierno muestra impotencia en articular una salida a la crisis fiscal, enfila sus cañones a señalar que el problema central del país son los trabajadores y sus sindicatos, y contra ellos y sus derechos hay que actuar.
Al menos así se desprende de los discursos que venimos escuchando en las últimas semanas de boca de los jefes de agencias públicas, algunos legisladores y hasta del propio gobernador. Palabras que aterran por ser un discurso conservador que, atacando el sindicalismo, privilegia la propuesta de privatizaciones y desreglamentación laboral.
No se trata, sin embargo, de inmunizar a los sindicatos y eximirlos de su cuota de responsabilidad ante la crisis fiscal que vivimos. Pero de ahí a hacerlos culpables de las inclemencias económicas que laceran nuestra sociedad hay un largo trecho.
Es como si ignoráramos que esta crisis, presentada como un fantasma espeluznante, resulta de la ausencia de un proyecto económico y de la forma de concebir al Estado y sus relaciones sociales y laborales.
El problema es que la fuerza con que va pronunciándose el discurso antilaboral desde el aparato gubernamental no solo provoca un duro golpe al movimiento sindical, al sugerir una avenida hacia la inestabilidad laboral y la pérdida de los beneficios y responsabilidades contractuales adquiridas mediante la negociación colectiva. Hay, además, un intento de flexibilizar el mercado de trabajo y desarticular la presencia del sindicato como actor social.
Cubiertos de un discurso liberal, el Gobierno nos conduce hacia políticas que van dirigidas a imponer limitaciones para la negociación colectiva en el sector público y, eventualmente, hacia la erradicación de toda práctica sindical.
Esta intención, en cambio, no es nueva. Hace tiempo que escuchamos las pretensiones de algunos sectores económicos que, en aras de la alegada productividad y eficiencia, se han empeñado en desvanecer las regulaciones contractuales y desmembrar la clase obrera para reducir las protecciones laborales.
Se trata de una mirada que está trazada en un modelo de relación social laboral basado, casi en su totalidad, en los dictámenes del mercado, lo que representaría reestructurar las relaciones entre el capital y el trabajo en el marco de un nueva dinámica social.
Lo más contundente de este discurso, que ahora aparece en voz gubernamental, es la insistencia en regular los despidos, que, tal y como lo explica el alemán Ulrich Beck, sugiere aumentar el desempleo y reconvertir el trabajo a uno a tiempo parcial, temporal e insignificante, ruta que parece guiar la propuesta oficialista de creación de empleos.
Es a lo que el sociólogo francés Pierre Veltz se refiere como un “asalariamiento precarizado” que alcanza su máximo desarrollo en el interior de un gobierno conservador de nuevo cuño, en el que el Estado se distancia de su rol social y regulador de la economía.
Desde ese diseño, el futuro del país se dibuja, citando al español Juan José Castillo Alonso, como “una sociedad en la que el mercado se encarga de disciplinar a los trabajadores porque no tienen otra opción respecto a empleos sin seguridad social, ni estabilidad ni carrera laboral y, por lo mismo, una alta rotación, bajos salarios, altos riesgos de salud ocupacional, a veces largas jornadas; además empleos de tiempo parcial, con contratos fijos por periodos de corta duración”.
Por eso insistimos en que las intentonas de reformular el escenario laboral que experimentamos en Puerto Rico, bajo el fantasma de la crisis, desafía a los sindicatos y reta su permanencia y pertinencia.
Ese nuevo orden debería obligar a los representantes sindicales a examinar y reconceptualizar la viabilidad de la organización obrera ante un nuevo escenario marcado por la austeridad salarial, el desmantelamiento del Estado y la pérdida del empleo público y su flexibilización.
La crisis fiscal no puede ser excusa para desmembrar los derechos de nuestros trabajadores públicos y privados.
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