Rechazan que gobierno culpe a magisterio por degradación
La portavoz de la organización Educamos, Eva Ayala Reyes, rechazó hoy que el gobierno responsabilice al magisterio por la decisión de la casa acreditadora…
La portavoz de la organización Educamos, Eva Ayala Reyes, rechazó hoy que el gobierno responsabilice al magisterio por la decisión de la casa acreditadora Standard & Poor’s (S&P), que degradó a chatarra los bonos de la Autoridad de Carretera y Transportación (ACT, con deuda de más de 2,200 millones de dólares) y del Banco Gubernamental de Fomento (BGF).
La isla enfrenta también una deuda de más de 70 mil millones de dólares (equivalente al 93% de su PIB) y una tasa de desempleo cercana al 15 por ciento (el doble de la de Estados Unidos).
Ayala señaló que “hoy nos azota el gobierno con los titulares de la degradación del crédito y pretende responsabilizar al magisterio y a los dirigentes magisteriales, porque hemos tenido que defender nuestro derecho a un retiro digno y justo en la calle, en la escuela y en los tribunales”.
Agregó que “lo cierto es que la actual situación es producto de décadas de decisiones incorrectas de diversos gobiernos. El continuo endeudamiento para vender la imagen de un falso progreso económico con el fin de ganar elecciones es parte sustancial del problema que resumen los titulares del día”.
Para la dirigente, “mucho más importante que la degradación del crédito es el continuo intento de la administración actual por degradar la dignidad de los trabajadores y trabajadoras de la educación y del pueblo en general. Los gobernantes han seguido al pie de la letra las directrices de las casas acreditadoras, las han complacido en todo, pero eso no ha detenido la voracidad de los inversionistas y casas de corretaje”.
De acuerdo con la vocera de Educamos, “si algo ha evidenciado el proceso en defensa del Sistema de Retiro para Maestros (SRM) es que la Ley 160 no es necesaria. Hay suficientes propuestas para concretizar medidas dirigidas a superar por mucho el déficit operacional del SRM sin tener que trastocar este derecho que garantiza un nivel de vida digno al magisterio luego de 30 años de servicio a la niñez y juventud del país”.
Además, recordó que tanto el proceso seguido para la imposición de la Ley 160 como el contenido de la normativa “estuvieron plagadas de irregularidades e incongruencias que atentan contra el magisterio, contra la democracia, contra la educación y contra la verdad. Se ocultó información, se dieron datos falsos, se mintió oficialmente sobre la ley y sus implicaciones”.
“Insistimos en que el gobierno tiene ante sí dos opciones: seguir funcionando como muchacho de mandados de los grandes intereses o decirle a los grandes acreedores que basta ya y que no vamos a seguir funcionando bajo condiciones que menoscaban los servicios esenciales que necesita nuestra gente”, sostuvo.
Indicó también que “es hora ya de plantear que se tiene que renegociar la deuda porque el país no aguanta más impuestos ni medidas que atentan contra nuestro derecho a una vida digna, que no se puede seguir despidiendo empleados ni recortando servicios, que ya no se puede seguir entregando el patrimonio y el bienestar público a los grandes intereses económicos que se caracterizan por su insaciable sed de riqueza”.
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