Desmienten las navieras que leyes de cabotaje afecten a la Isla
Aseguran que, si se abriera el mercado a navieras internacionales, no necesariamente se reducirían los costos de los fletes
Por Cindy Burgos @Cindy_Andreina
La Asociación de Navieros de Puerto Rico favoreció hoy que se mantenga la aplicación de la Ley Jones (leyes de cabotaje); debido a que derogarlas, según el grupo, no significa que bajarán los costos de los fletes y porque dudan de la credibilidad de los estudios que afirman que la legislación afecta la economía del país.
“La Ley Jones ha sido objeto de crítica, anécdotas, y expresiones pasionales y politizadas en Puerto Rico, pero entendemos que estas no están fundamentadas en data real y estudios empíricos”, expresó el presidente de la Asociación de Navieros, Hernán Ayala, en una vista pública que investiga el efecto de las leyes de cabotaje en la economía del país para complementar el informe de la Contraloría General de Estados Unidos (GAO, siglas en inglés).
Según Ayala, que se sostiene en el informe publicado el pasado año por la GAO, estudios como el de los economistas Jeffrey Valentín y José Alameda, aunque afirman que los efectos de las leyes de cabotaje sobre la economía boricua fueron de $537.2 millones en 2010, “tiene defectos en la metodología” y sus conclusiones se basan en la mercancía y no en el volumen de carga y costo de flete.
Sin embargo, cuando la presidenta de la Comisión de Derechos Civiles, Participación Ciudadana y Economía Social del Senado, Rossana López, le cuestionó sobre la posibilidad de que estudios internacionales tuvieran visos pasionales en el asunto, Ayala reconoció que no los había leído en su totalidad.
El presidente de la Asociación de Navieros descartó que los fletes internacionales sean más baratos a los estadounidenses y aseguró que “los fletes de las importaciones de Estados Unidos podrían reducirse aún más si Puerto Rico reactivara su manufactura y agricultura” para la exportación. En ese sentido, responsabilizó al Gobierno y a la empresa privada de tener el control de reducir los costos de los fletes marítimos, ya que “las navieras no tienen control alguno sobre lo que se exporta o deja se exportarse en la Isla”.
Por otro lado, Ayala sostuvo que la disponibilidad de barcazas, como las que se podrían utilizar para mover gas natural, aumentaría en la medida que incremente la demanda, contrario a los que critican la falta de insuficiencia de este tipo de transporte en las navieras.
Además, señaló que las cuatro navieras que controlan la exportación e importación en la Isla tienen un compromiso con el país que no tendrían las navieras internacionales, razón por la que han invertido $250 millones en las instalaciones portuarias de San Juan, y duda que las internacionales puedan hacer algo similar.
El vicepresidente de la Asociación de Navieros, Eduardo Pagán, señaló que su información se basa en un estudio que ellos encomendaron al economista José Joaquín Villamil, compuesto de data de 2011 hacia atrás. En ese periodo, las cuatro compañías navieras que dan servicio a Puerto Rico conspiraron para fijar costos y por lo cual la mayoría de sus ejecutivos actualmente cumplen sentencias federales.
“Para mí es sumamente cuestionable la data que están defendiendo porque están considerando costos que fueron añadidos ilegalmente por los ejecutivos que actualmente están presos”, cuestionó López, que dirige la investigación que considera que el informe del GAO tenía serias deficiencias porque no determinaba el impacto de las leyes de cabotaje en la economía puertorriqueña, mas concluía que si favorecía a la Marina Mercante estadounidense.
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