Opinión: El salario mínimo federal en Puerto Rico
Desde principios de la década de los años 40, en Puerto Rico han existido leyes para regular el salario mínimo a los trabajadores. Sin embargo, no fue hasta…
Por Alejandro Figueroa @ajfc1976
Desde principios de la década de los años 40, en Puerto Rico han existido leyes para regular el salario mínimo a los trabajadores. Sin embargo, no fue hasta que el Partido Nuevo Progresista (PNP) asumió las riendas del Gobierno, para finales de la década de los 60, que se favoreció la implantación del salario mínimo federal en la Isla, convirtiéndose en realidad bajo la incumbencia de Carlos Romero Barceló a finales de la década de los 70. En 1998, se aprobó la Ley 180, la cual hizo efectivo automáticamente en la Isla cualquier aumento al salario mínimo que hiciera el Gobierno federal.
Siempre que se anuncia la intención de aumentar el salario mínimo, se genera el debate sobre la necesidad de tal acción, sus posibles impactos en la economía y las ventajas y desventajas de su implantación. Unos señalan que cualquier aumento mejorará la calidad de vida de los trabajadores. Otros plantean que eleva demasiado los costos de operación a las empresas, provocando despidos, reducción de jornada, etc.
Cada lado tiene muy buenos argumentos para defender su posición. A pesar de ello, hay que reconocer que los aumentos al salario mínimo son una medida de justicia social para la clase trabajadora. En Puerto Rico, son más de 300 mil los trabajadores que se beneficiarían de tal aumento. En ese sentido, es responsabilidad de los funcionarios elegidos tomar las medidas necesarias para que este tipo de medida se convierta en una realidad.
De hecho, en la Isla existen ejemplos de cómo una sana administración permite aumentar el salario mínimo a los trabajadores. Por ejemplo, el salario mínimo en el municipio de Aguadilla es de $9 la hora.
Ciertamente, en tiempos de estrechez económica, puede entenderse que un aumento a los costos de producción de una empresa harían casi imposible implantar dicho aumento. Es por eso que, tal como ha dicho Pedro Pierluisi, el aumento en el salario mínimo debe ir acompañado de incentivos económicos a las empresas. Esa posición es cónsona con las soluciones que el PNP ha presentado para fomentar la creación de empleos en el sector privado y propiciar el crecimiento económico en la Isla, que incluyen la derogación de los nuevos impuestos, especialmente la “patente nacional” y el IVU expandido, agilizar la gasificación de las plantas de la AEE y dar paso a los proyectos de energía renovable para lograr bajas significativas en la factura de la luz, entre otras.
A fin de cuentas, implantar el salario mínimo es un asunto de voluntad que se logra tomando las medidas fiscales que creen las condiciones económicas para que las empresas lo paguen sin afectarse. Las alternativas están ahí, han sido responsablemente planteadas junto con la fiscalización a la administración de turno. Esperamos que este Gobierno tome acciones inmediatas para que el pueblo no sufra las consecuencias de su constante improvisación.
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