Opinión: Justicia

Mencionamos estos casos por ser las muertes más replicadas en la opinión pública durante los últimos años, quizás por tratarse de escenas en las que se involucran a personalidades oriundas de sectores privilegiados del país.

Son crímenes en los que están involucrados hijos e hijas de un grupo social que ha presumido ser intocable por la ley. Son los “mimados” de una sociedad que cada vez más inclina la balanza del poder en beneficio de los poderosos y ruge contra quienes menos tienen.
Tal vez por eso un sector de nuestro país se mostró tan jubiloso cuando, la semana pasada, un jurado encontró culpable de asesinato en primer grado al hijo de un veterano juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Puerto Rico.

Una de las razones de esa contentura colectiva puede estar relacionada con la consolación que provoca sentir que la justicia ha sido aplicada adecuadamente.

Haber exonerado de culpa al señor Casellas, por el contrario, hubiera representado un golpe mortal para la sociedad por tratarse de un acusado que actuó con desdén y prepotencia ante la muerte de su esposa. Peor aún, este sujeto se ganó el premio de la antipatía al intentar zapatearse de su crimen armando una tesis fatula en la que dibujaba como sujeto del delito a un “hombre trigueñito” que, en voz de este individuo de encumbrada clase guaynabita, asumía todas las señas de la más vil estigmatización social.

Casellas fracasó en su intento por encubrir su delito y culpar a otros de su descarada hazaña. Sus declaraciones, desde el inicio del caso, fueron incendiando una cólera colectiva porque mostraban la costura de presumir que, al ser parte de la endiosada clase privilegiada del país e hijo de un juez federal, era más que razón suficiente para que la justicia pasara la página y lo exonerara de culpa.
Por fortuna, no fue así. El veredicto que dictaminó el jurado reivindicó, en parte, al sistema de justicia que, a juzgar por las últimas encuestas de opinión pública, había perdido valor y respeto entre la ciudadanía.

Era de esperarse que, en consecuencia de tanta altivez del señor Casellas, amplios sectores de la sociedad respondieran con vítores ante su veredicto de culpabilidad.

Así las cosas, presenciamos una expresión de satisfacción colectiva porque, en esta ocasión, un “blanquito” que fue protegido y defendido por una batería de abogados de primera línea no logró salir por la puerta ancha del tribunal.

Empero, tal goce se vuelve hastío si consideramos que, como dice el refrán, “una golondrina no hace verano”.

Tras la satisfacción que provocó la culpabilidad de Casellas se oculta la congoja por la inacción del Departamento de Justicia en esclarecer otros crímenes, como el de Georgina Ortiz y el niño Lorenzo.
Peor aún, en el escritorio del ministerio público quedan decenas de casos de violencia de género sin resolver. Se trata de mujeres sin apellidos rimbombantes ni relaciones políticas que han sido víctimas de la violencia machista.

Como dato, el año que fue asesinada la esposa del señor Casellas, en 2012, otras 20 mujeres murieron en manos de sus parejas sin que la sociedad enjugara una lágrima y sin que los crímenes se volcaran en extensos reportajes noticiosos.

El pasado año, por su parte, esta cifra ascendió a 19 muertes de mujeres como consecuencia de crímenes de género. Queda justicia por lograr.