Opinión: Supremo dilema

De entrada, todos debemos favorecer un mayor acceso a los procedimientos en nuestros tribunales. De hecho, debemos aspirar a que algún día existan los medios para tener acceso a todos los procedimientos (excepto aquellos que por su naturaleza deban ser restringidos). La manera más eficaz para aumentar la confianza del pueblo en el sistema de justicia es permitirle evaluar sin intermediarios el proceder de aquellos que imparten justicia.

Por otro lado, el Tribunal Supremo evalúa la impugnación de la ley que aprobó la presente administración para reformar el Sistema de Retiro de la Judicatura, la cual, en síntesis, reduce los beneficios de jubilación para los todos jueces; es decir, aquellos que se han retirado de la profesión, los que hoy día fungen como jueces y los que sean nominados y confirmados en un futuro. El argumento principal de los demandantes es que dicho estatuto es inconstitucional al afectar los términos de compensación de los jueces que están en funciones y de los que ya se han acogido al retiro y no exclusivamente los de aquellos que asuman el cargo luego de aprobada la ley.

Más allá de los argumentos a favor y en contra, lo cierto es que la aprobación de esta reforma, al igual que la reforma al Sistema de Retiro de Maestros, es el resultado de un Gobierno que no tiene la capacidad, el conocimiento, la experiencia ni el compromiso para atender los problemas económicos que enfrentamos como pueblo en este momento histórico. En ese sentido, la posición de Pedro Pierluisi cuando reclamó que no era momento de aprobar estas reformas fue, y sigue siendo, la posición correcta.

Las reformas antes mencionadas fueron aprobadas ante las amenazas de una degradación del crédito de Puerto Rico. Sin embargo, el Gobierno pierde de perspectiva que, aunque la situación de falta de liquidez en los sistemas de retiro abona en la preocupación de los bonistas, no es menos cierto que la preocupación mayor es la ausencia de capacidad para implantar un plan de desarrollo económico y de control fiscal que ponga al Gobierno en posición de cumplir con sus responsabilidades.

Nos damos cuenta, entonces, que el supremo dilema no recae en la decisión de nuestro máximo tribunal sobre la constitucionalidad de las reformas de retiro. Nuestro mayor problema como pueblo es la incapacidad de este Gobierno de aceptar que lleva un año improvisando por su falta de experiencia y tomando decisiones incorrectas.  Por el bien de nuestro pueblo, deben recapacitar y tomar las medidas necesarias para que nuestra isla retome el rumbo del progreso.