AGP convierte en ley proyecto de estudios prepagados

El gobernador hizo el anunció acompañado de los 31 estudiantes de escuela pública con las mejores puntuaciones en el College Board, seis de los cuales se encuentran en los primeros diez puestos. 

Según García Padilla, otorgar este año el College Board gratuito a los estudiantes de escuela pública, con una inversión de $1.1 millones, permitió que tomaran el examen más de 26 mil estudiantes, un aumento de cerca de nueve mil estudiantes si se compara con el año pasado. 

Una iniciativa similar se realizó en 2008 y logró que ocho mil estudiantes más tomaran el examen de admisión a la universidad, cantidad que redujo significativamente cuando los estudiantes debieron pagar por tomar el examen en 2009. Con la Ley de Igualdad de Oportunidades y Acceso a la Educación Superior se invertirán $2.3 millones anualmente para que los estudiantes puedan tomar el College Board hasta dos veces gratis. 

Por otro lado, el gobernador convirtió en ley un proyecto para permitir que los padres y familiares de un menor que no tiene edad para asistir a la universidad puedan adquirir créditos por adelantado y al precio del año en que se compran en la UPR. 

A pesar de las críticas que tuvo el proyecto entre la comunidad universitaria, la Ley para crear el Programa de Educación Prepagada de la UPR “permite que cualquier persona, o más de una persona, pague por adelantado el costo del bachillerato en la UPR de cualquier otra persona, siempre y cuando no haya pasado más de un año desde que el beneficiario se graduó de escuela superior”, destacó García Padilla.

El primer ejecutivo explicó que se trata de un proyecto, de la autoría del representante Charlie Hernández, para hacer “justicia social” a las personas con menos recursos, dado a que tendrán “18 años para pagar por adelantado el bachillerato de sus hijos”. No obstante, representantes estudiantiles han criticado la medida por tratarse de un proyecto que terminará beneficiando a las personas con recursos para comprar los créditos, por ende, el que tiene dinero pagará menos por los estudios.

Según Metro reportó meses atrás, la economista Marta Quiñones señaló, por otra parte,  que “el proyecto no beneficia en nada a la UPR porque no es financieramente correcto. No toma en cuenta el nivel de inflación” y “te estas comprometiendo en un futuro a tener que devolver una cantidad que no sabes si contarás con ella”. Otras críticas iban a que el proyecto intervenía en la autonomía universitaria. 

Ante esta posibilidad, el gobernador aseguró que la UPR tendrá la discreción de hacer lo que crea pertinente con el dinero, siempre y cuando le garantice el monto invertido al beneficiario. 

Aunque el representante Hernández indicó que, en caso de que la persona no sea aceptada en la UPR, muera o no quiera estudiar, e, dinero se le devolverá completamente, en la ley dice que hay una penalidad del 10 % de lo que se invirtió. Por lo que se le devuelve solamente el 90 % del dinero. 

Hernández puntualizó que se desconoce cuántas personas solicitarán el beneficio, dado a que en otras jurisdicciones de Estados Unidos donde existe el programa siempre los primeros años es menor la cantidad que pagan por adelantado los créditos. Sí destacó que permitirá que las personas de escasos recursos entren a la UPR porque “los planes de pago existen para los pobres. La gente de recursos económicos lo paga de golpe”. 

En la rueda de prensa, el gobernante entregó computadoras portátiles a los 31 estudiantes presentes. También se les otorgó unos audífonos.