Mayores penalidades contra quien dispare al aire

El Proyecto de la Cámara 1559 convierte en un delito grave usar armas de fuego con ese propósito. Además, penaliza al propietario del lugar donde se originen disparos al aire si no alerta a la Policía con una multa administrativa de cinco mil dólares.

Asimismo, la medida de administración establece que la persona que incurra en este delito tendrá una pena de cinco años de reclusión, sin derecho a una sentencia suspendida, sin derecho a libertad bajo palabra o acogerse a programa de desvío y sin beneficio de bonificaciones.

También fue avalado el Proyecto de la Cámara 1560, que elimina las probatorias en violaciones a la Ley de Armas y restringe las alegaciones pre-acordadas. Dispone que las personas acusadas por violar dicha ley no tendrán el derecho a una sentencia suspendida, salir en libertad bajo palabra o a disfrutar de los beneficios de algún programa de desvío.

Tampoco podrán beneficiarse de bonificaciones o alternativa a la reclusión reconocida en esta jurisdicción, “por lo que deberán cumplir en años naturales la totalidad de la pena impuesta”, establece la medida, que fue enmendada para que se conceda una amnistía de 15 días en vez de 60, como disponía originalmente, para que aquellas personas que posean un arma de fuego ilegalmente puedan entregarlas a la Policía de Puerto Rico.

Además, en la sesión extraordinaria fue avalado el Proyecto de la Cámara 1567, que “autoriza la concesión del derecho de superficie sobre los terrenos donados a la Ciudad Deportiva Roberto Clemente, Inc.” y reformula algunas de las restricciones establecidas sobre los terrenos donados a dicha instalación para facilitar el desarrollo para lograr su reapertura.

Además, libera a la entidad de las deudas que ha contraído con el gobierno. De este modo, la Asamblea Legislativa concede una última oportunidad a la Ciudad Deportiva para destinar los terrenos donados al uso proyectado desde el año 1973 y desarrollarla para beneficio de los puertorriqueños.

El Cuerpo también favoreció la Resolución de la Cámara 783, para que se investigue la construcción de un sistema de bombas de aguas usadas en la Comunidad Las Croabas de Fajardo, ante la polémica que ha desatado por las denuncias de los comerciantes, residentes de la comunidad y comunidades adyacentes, que alegan la obra representa un peligro de destrucción del ecosistema de la laguna bioluminiscente de Fajardo.

Asimismo, fue respaldada la Resolución de la Cámara 692, del portavoz de la mayoría, Charlie Hernández López, para estudiar la viabilidad de desarrollar los recursos naturales, los sistemas de cavernas y los ríos del área Norte de Puerto Rico para crear un atractivo turístico y de estudio científico que propenda el desarrollo económico sostenido de la región.

Igualmente fue refrendada la Resolución de la Cámara 787, para enmendar el Reglamento de la Cámara a los fines de establecer el proceso de votación, de manera electrónica. El presidente de la Cámara, Jaime R. Perelló Borrás, adelantó que ha estado trabajando en esta medida con los portavoces del Cuerpo, para que en el mes de enero, al reinicio de la próxima Sesión Ordinaria se pueda utilizar el sistema electrónica de votación.

La Cámara aprobó el Proyecto del Senado 695, que enmienda la “Ley del Procurador del Paciente del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, con la finalidad de expandir las facultades del Procurador y precisar las delegaciones a tal funcionario y su oficina.

Del mismo modo, se aprobó el Proyecto del Senado 759, para establecerla “Ley de Igualdad de Oportunidades y Acceso a la Educación Superior”, que crea un Fondo Especial que cubra el costo de la Prueba de Evaluación y Admisión Universitaria (PEAU), conocida como el College Board, a los estudiantes que cursan el tercer y cuarto año de las escuelas públicas.