Satisfecho Pereira con luz verde del Senado a proyecto de marihuana
El senador Miguel Pereira, del Partido Popular Democrático (PPD), se mostró satisfecho de que el Senado sancionara anoche en votación 14 a favor y 12 en…
El senador Miguel Pereira, del Partido Popular Democrático (PPD), se mostró satisfecho de que el Senado sancionara anoche en votación 14 a favor y 12 en contra, el proyecto 517 para pretende actualizar la Ley de Sustancias Controladas a los fines de enmendar sus disposiciones en torno a la posesión de marihuana.
“Esta medida no legaliza la marihuana”, advirtió el senador Pereira al recordar que de armonizar las discrepancias con la Cámara de Representantes y recibir la firma del gobernador Alejandro García Padilla impondrá multas a aquellas personas que posean 14 gramos o menos de marihuana en lugar de enviarlas a prisión.
El senador del gubernamental PPD indicó que la multa por los 14 gramos o menos será de 100 dólares y un posible referido a la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (Assmca).
La posesión de entre 14 a 28 gramos de marihuana contemplará un delito menos grave, pena de reclusión de hasta seis meses y una multa de hasta 5 mil dólares.
Si el ciudadano posee más de 28 gramos de marihuana tendrá una pena fija de tres años de cárcel.
La medida propone un modelo escalonado que se inicie con multas administrativas, pero las personas que posean más de una onza, o cuya posesión se dé en terrenos definidos como escuelas o instituciones, cometerán un delito grave.
“Si nosotros no hacemos las cosas cónsonas con la realidad actual que estamos viviendo, pues tendremos que aprender la misma lección una y otra vez”, manifestó Pereira al presentar el proyecto con enmiendas.
Aclaró que nadie en el hemiciclo del Senado, desde donde se dirigió a sus colegas, “ha participado tan ampliamente en la guerra contra las drogas que yo (por lo que) quiero compartir con ustedes lo que he aprendido: la marihuana será buena o será mala, eso es una discusión científica, pero la cárcel… es peor”.
Uno de los coautores de la medida, el senador por San Juan José Nadal Power, expresó “este es un tema de país importante; con este proyecto no estamos inventando la rueda, lo que estamos haciendo es mirar otras jurisdicciones que han sido exitosas en su guerra contra las drogas”.
La portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago, aseguró en el hemiciclo del Senado que “no creo que en este país exista una sola persona que pueda declarar con fundamento que la estadía en la cárcel es provechosa para nadie”.
Mientras la senadora del Partido Nuevo Progresista (PNP) Itzamar Peña rechazó la medida por considerar que “el pueblo ya se ha expresado sobre este tema en una encuesta publicada por un diario de circulación general. El pueblo dice no a la despenalización, no a la legalización de la marihuana. Para cumplir con mi conciencia es que consigno mi voto en contra de esta medida”.
El presidente del Senado, Eduardo Bhatia, intervino en el debate al recordar que el proyecto de ley no pretende legalizar la posesión ni el consumo de la marihuana, sino cambiar el enfoque punitivo con el que el Estado se enfrenta a un usuario de marihuana mayor de edad.
En cambio, el senador opositor Thomas Rivera Schatz consideró que con su aprobación se fomentará el consumo de marihuana, lo que a su juicio deja en el desamparo a la niñez puertorriqueña.
En la exposición de motivos del proyecto que impulsó Pereira se aclara que el propósito es reducir la actividad criminal relacionada con la posesión para consumo personal y descargar la presión a que están sometidos los organismos policíacos, judiciales y penitenciarios.
El informe más reciente sobre el perfil de la población confinada en el país, publicado por el Departamento de Corrección y Rehabilitación al 30 de junio de 2012, arrojó que el 87.71 por ciento de los confinados fueron sentenciados por casos relacionados al consumo de sustancias controladas y un 76.89 por ciento de la población carcelaria sentenciada se considera usuario de sustancias.
Además, el 46.77 por ciento de esta población se componía de primeros ofensores.
La mediana de la sentencia impuesta a la población carcelaria es de cinco años, lo que a un costo promedio de 40.000 dólares anuales representa un promedio de 200.000 dólares por cada persona convicta por infracción a la Ley de Sustancias Controladas.
Puerto Rico es en la actualidad el quinto país con la mayor tasa de arrestos por drogas, con una de las mayores tasas de encarcelamiento a nivel internacional.
Similar problemática confronta Estados Unidos toda vez que proporcionalmente mantiene la mayor cantidad de su población en confinamiento.


