Referirán a Justicia siete empleados de Familia
La senadora popular Rossana López informó hoy que referirán al Departamento de Justicia (DJ) federal y estatal a siete empleados del Departamento de la Familia…
Por Cindy Burgos @Cindy_Andreina
La senadora popular Rossana López informó hoy que referirán al Departamento de Justicia (DJ) federal y estatal a siete empleados del Departamento de la Familia (DF) que, mediante órdenes de la exsecretaria Yanitsia Irizarry, llevaron a cabo un esquema para cerrar querellas de maltrato sin seguir los protocolos correspondientes.
Estarán siendo investigados la oficial de prensa Rossie Sánchez; la administradora auxiliar de Protección, Preservación y Fortalecimiento Familiar de la Administración de Familia y Niños (Adfan), Olga Ribas; y la secretaria auxiliar de Planificación e Informática, Glyssette Rodríguez.
También son parte de la pesquisa el director de Sistemas de Información, Rafael Cruz; la directora asociada de la Región de Bayamón, María Cancio; y la directora y un trabajador social de la Unidad de Investigaciones Especializadas (UIE) de Mayagüez, Denisse Hernández y José Crespo, respectivamente.
“Todas esas personas le respondían a la señora Yanitzia Irrizary. Es importante decir que la secretaria anterior conocía de las estadísticas cuando no las quiso dar en las vistas de transición el 12 de diciembre de 2012”, expresó López. Sin embargo, no señaló a Irizarry como parte de la investigación que referirán a Justicia.
La presidenta de la Comisión de Derechos Civiles, Participación Ciudadana y Economía Social del Senado explicó que el esquema de cierre de querellas se conoció a raíz de la investigación iniciada en el Senado mediante la resolución 9, en la que se determinó que esto provocó el cierre de miles de querellas de maltrato a niños, personas con impedimento y viejos.
“Informamos que el informe final de la Resolución del Senado 9 lo vamos a estar refiriendo al DJ estatal y federal, a la oficina de la contralora del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), al Colegio de Trabajadores Sociales de Puerto Rico y al DF”, declaró la senadora popular en conferencia de prensa.
Mediante esta resolución se investigó la acumulación de más de 42 mil querellas de maltrato a menores y más de 5,000 querellas de maltrato a personas de edad avanzada en el DF durante el pasado cuatrienio, que totalizan 47,000 querellas que actualmente están revisándose.
Según López, parte del esquema consistió en transferir del 27 de noviembre al 27 de diciembre del 2012 a Hernández a la secretaría “solamente con la encomienda de hacer los cierres de los casos”.
“Hernández recibe de José Crespo el listado específico de todos los casos que iban a ser cerrados en las otras regiones. Tenemos evidencia de 338 casos (cerrados sin haberse investigado a profundidad)”, declaró.
La senadora indicó que una trabajadora social de la agencia es la que les relató parte del esquema, debido a que, en su momento, se negó a petición de Cancio a realizar cierres de casos sin investigarlos. Esta trabajadora social, cuyo nombre no fue revelado, le dijo a Cancio que el cierre de los casos “era ilegal”, pero Cancio le respondió que “no se preocupara que le iba a conseguir un abogado en su momento y que si los cerraba, le conseguiría un puesto de mayor jerarquía”, detalló la senadora.
