Choque ideológico

De un lado, un sector intenta refugiarse en discursos vacuos e infundados para defender el statu quo amparándose en argumentaciones inverosímiles que, de espaldas a la verdad, alegan que Puerto Rico no es una colonia.

Se amparan, dicen, en la opinión del Departamento de Justicia de Estados Unidos que, bajo consideraciones particulares y en defensa de la política de intervención militar estadounidense en el Caribe y Latinoamérica, sostuvo por décadas la viabilidad del Estado Libre Asociado (ELA) territorial.

Olvidan, en cambio, que la mirada de Justicia federal cambió antes de concluir el pasado siglo cuando determinó la inviabilidad de la colonia arguyendo que el ELA, concebido dentro de la cláusula territorial, era incompatible con el ordenamiento constitucional de ese país.

Aun así, los alaridos de la facción defensora de la colonia dentro del PPD han persistido, respondiendo a las visiones más retrógradas dentro de ese partido que aún intenta sobrevivir abrazados a consideraciones políticas quiméricas y antihistóricas que en nada alientan el crecimiento económico y social de la Isla.

Son estas voces, con sus continuas interjecciones públicas, quienes dibujan la imagen de una colectividad asediada por un vacío ideológico que, de prevalecer en el control político, harán crecer la imagen torcida de la benevolencia estadounidense y las alegadas ventajas de la dependencia económica, tal y como han hecho durante las últimas décadas.

La visión de este sector, que trata de figurar sus posturas públicas denominando su propuesta eufemísticamente como Estado Libre Asociado Mejorado, recibió un duro golpe hace varias semanas cuando se enfrentó a los cuestionamientos políticos que hicieron algunos congresistas estadounidenses durante las vistas públicas realizadas por la Comisión de Energía y Recursos Naturales del Senado federal.

En esa escena, y ante los representantes de su amo, esa facción salió trasquilada. Por más que ensayaron, los portavoces del llamado ELA Mejorado no fueron capaces de explicar la definición y viabilidad de su propuesta política dejando al descubierto la fragilidad de su postura.

La respuesta congresional, en tanto, fue clara. El ELA colonial no es una alternativa posible en el ordenamiento constitucional estadounidense, por lo que la ruta hacia la solución del estatus político del país tiene que considerar fórmulas descolonizadoras que, ante todo, cumplan con los dictámenes del derecho internacional.

En este contexto, el ELA sucumbe y su deshonra se evidencia, cada vez más, en su incapacidad de echar a andar un modelo económico y social que aporte a la solución de nuestros principales problemas. Atados al estatus del presente perecemos.

Existen, en cambio, otras voces en el PPD que articulan una nueva propuesta considerando la necesidad de modificar sustancialmente las relaciones de Puerto Rico y Washington. Para estos, la soberanía es la condición política que permitirá al país armar una agenda de futuro.

Estas voces son las mismas que impulsan a su colectividad para que convoque la celebración de la Asamblea Constitucional de Estatus, en concordancia con la propuesta política que presentan otros sectores del país, entre los que destacan el Partido Independentista Puertorriqueño y otras agrupaciones independentistas y anexionistas.

Mas los soberanistas dentro del PPD tienen el reto histórico de mover su colectividad hacia una definición clara que se distancie de posturas anacrónicas que sobreviven atadas a una relación de sometimiento colonial.

El PPD, para sobrevivir,  requiere con un urgencia de un proyecto ideológico no colonial ni territorial. Debe, además, enfrentarse al miedo que ha detenido el progreso y el bienestar de nuestro país.