Pensiones empobrecidas

Siempre que la crisis fiscal se intente resolver de acuerdo con los parámetros de la política neoliberal el resultado girará en torno a medidas que atentan contra el sector trabajador y los grupos más desventajados de la sociedad. Así ha sido siempre y es, precisamente, lo que vemos ocurrir con la recién aprobada reforma del Sistema de Retiro. El Gobierno y sus asesores financieros podrán buscar mil alegatos para justificar la aprobación de esta legislación, amparándose en la urgencia de tomar acción para “salvar” las pensiones y complacer a los bonistas, pero quedan malparados frente al escrutinio de la ciudadanía al haber optado por una opción fiscal que nos conduce a un escenario social de más empobrecimiento. La razón es porque esta medida gubernamental, producida al filo del aniversario de los primeros 100 días de gestión de los nuevos regentes del Estado, atenta contra las garantías laborales de los servidores públicos minimizando sustancialmente sus derechos de jubilación y reduciendo la expectativa de su estándar de vida. De esa manera, la población que se perfila dominante en las próximas décadas, a juzgar por los análisis demográficos, será la de una generación de jubilados precarizados. Tras este escenario, va relegándose la convicción de que, concluido un periodo de trabajo productivo, los servidores públicos dispondrán de recursos económicos para gozar una vida plena y digna que les permita cierta estabilidad para sobrevivir en sus años de longevidad. Así las cosas, la idea de una jubilación honrosa se ha desvanecido en el aire con las reducciones que los gobernantes de turno han impuesto a las partidas que se otorgarán por cada nueva retribución por retiro, considerando, además, que a cada trabajador y trabajadora se les exigirá una aportación mayor para alimentar su escuálida pensión. Por eso, insistimos que la aprobación de esta reforma, más allá de complacer a la derecha financiera, debilita las condiciones de vida futura de cientos de miles de familias y, a su vez, anticipa un efecto devastador sobre nuestra economía de consumo. Con esta acción se confirma, una vez más, la perspectiva neoliberal desde la que el Gobierno atiende sus asuntos económicos, palideciendo, al mismo tiempo, las diferencias frente a su antecesor, aun cuando se trate de fingir un “rostro amable” y un tono de preocupación al momento de exhibir el contenido de su medicina amarga. De la misma forma, el estilo empleado para manejar esta legislación anuló la promesa de diálogo que el gobernador ofertó a distintos grupos de nuestra sociedad durante los encuentros gremiales que sostuvo a semanas de proclamar su triunfo electoral. Recordemos, por ejemplo, que a los líderes sindicales les prometió “abrir canales de comunicación y establecer un clima de apertura que fomente la paz laboral, promueva mejores condiciones de trabajo, encamine la búsqueda del bienestar de las familias trabajadoras puertorriqueñas y permita el respeto a los derechos adquiridos por los trabajadores”. Vana ilusión. Es evidente que los viejos estilos de gobernar para unos pocos continúan reinando en las altas esferas del poder, menoscabando la estabilidad social y atropellando los derechos de los sectores que, con su esfuerzo, aportan al bienestar colectivo. Advertimos que los dineros que se necesitan para sufragar la insuficiencia del Sistema de Retiro no pueden buscarse en los bolsillos de nuestros asalariados públicos, menos cuando en nuestra sociedad hay sectores que continúan ensanchando su capital a cuesta de subvenciones gubernamentales y evasiones contributivas. En honor a la equidad social, la crisis económica del Estado no se puede facturar a quienes menos recursos tienen.