Jubilados sin júbilo

Las estrategias que impulse el Gobierno para palear la crisis económica que enfrentamos en la Isla deben considerar, ante todo, que asistimos a una sociedad cada vez más empobrecida. Así de simple. Nos referimos a un país en el que su clase profesional y trabajadora se ha ido precarizando, en el que los servicios públicos han desmejorado; la economía yace estancada, y en el que crece un clima de incertidumbre fiscal que va de la mano del alto costo de vida. Y ni hablar del problema de seguridad ciudadana. Con este cuadro, pretenderíamos que las acciones gubernamentales se dirijan a proteger a ese amplio segmento de la población que, a pesar de los conflictos, se esfuerza por cargar sobre sus hombros la estabilidad nacional. En cambio, se perfila lo contrario. Basta examinar la propuesta del Gobierno para atender el problema de insuficiencia en el Sistema de Retiro para saber a qué gente están poniendo primero al momento de trazar su agenda. Contrario al trillado eslogan publicitario que se ventiló en la pasada campaña electoral, lo presentado esta semana por el equipo financiero del gobernador para resolver el problema de Retiro no es más que un golpe al futuro de los miles de trabajadores y trabajadoras que, desde la esfera gubernamental, sacan la cara por el país. Proponer recortes en la aportación al plan médico de los jubilados, reducir las cuantías de las pensiones, eliminar o reducir las bonificaciones y aumentar la aportación económica actual de estos empleados y empleadas son, entre otras, determinaciones fastidiosas que frustran las esperanzas de quienes, luego de varias décadas de trabajo, aspiran a una jubilación honrosa. Esta propuesta, que va dirigida a encandilar a los bonistas que juegan póquer con las finanzas públicas desde el mundillo de Wall Street, tendrá un efecto dramático en el bolsillo de los jubilados, porque incide en el poder adquisitivo de miles de familias que, tras una vida laboriosa, solo tendrán en los bolsillos los ingresos devengados del plan de retiro que pagaron por décadas. La peor parte en todo este drama es que ninguno de los afectados con esta propuesta de reestructuración del Sistema de Retiro tuvo que ver con su crisis fiscal. Esta situación, dura por demás, devela lo que ha sido un secreto a voces y es que, por años, los administradores de esa dependencia, con el consentimiento de los gobernadores de turno, han manejado mal los activos públicos tomando decisiones erradas que hoy cuestan mucho dinero. Peor aún, en ocasiones, los regentes del Sistema de Retiro han recurrido a especular al mercado de valores con las aportaciones de nuestros trabajadores y trabajadoras. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad de la crisis? ¿Por qué partir la soga por su lado más fino para buscar aliviar una insuficiencia económica en la reserva que se alimenta de las contribuciones que hacen nuestros trabajadores públicos? ¿Estaremos conscientes que el retiro no es una dádiva gubernamental? Pregunto si los nuevos expertos de las finanzas públicas conocen que, al reducir los beneficios a la población retirada, afectamos la calidad de vida y el futuro de miles de familias. Pregunto si los arquitectos de estas medidas de ajustes que afectan a nuestros trabajadores públicos contemplaron en su análisis que, con su propuesta, metemos la mano en el bolsillo del sector poblacional que dominará el balance demográfico nacional en las próximas décadas. Esto quiere decir que vamos encaminados a tener un país de gente adulta que proyecta tener menos recursos económicos para sobrevivir en un Estado empobrecido que atisba ofertar menos servicios para asistir a su jubilada clase trabajadora. Pregunto: ¿Es ese el Puerto Rico que aspiramos construir? La impudicia de los fundamentalistas.