30 días

Cierto. Medir la eficiencia de un gobierno en el repaso de sus primeros 30 días de gestión no es lo más razonable. Mas son, precisamente, las primeras andanzas de los funcionarios elegidos lo que va marcando la tónica de lo que podemos esperar de una nueva administración gubernamental. Bajo esta premisa, y a juzgar por las acciones que han inaugurado a este gobierno, la cosa no pinta bien. Repasemos, por ejemplo, la forma en que se ha tratado el tema del aeropuerto. Sobran razones y estudios que advierten que la privatización de nuestro aeropuerto internacional, oculto en la paráfrasis de una Alianza Público Privada, es un mal negocio para Puerto Rico. Asimismo, expertos en el tema han establecido que nada impide que el Gobierno cancele las negociaciones que hizo su antecesor y decida no vender uno de nuestros principales activos económicos y del que dependemos para desarrollar el resto de los aeropuertos regionales. Este ha sido, sin dudas, el primer traspié del Gobierno entrante y el que podría convertirse en su principal escollo para labrar una imagen pública de transparencia y confianza. ¿Qué la Autoridad de Puertos (AP) está en crisis y que no hay dinero para operarla? Claro, lo sabemos. Mas la deficitaria situación económica de esa corporación pública está atada a un problema estructural que tiene su génesis en las malas decisiones administrativas de varios gobiernos. De la misma manera, es de conocimiento público que la AP ha sido un gotero de recursos económicos que ha ido a alimentar las arcas de contratistas, consultores y desarrolladores. Entonces, ¿por qué vender el único activo que genera ingresos y ganancias? ¿Cómo justificar la promesa de un gobierno distinto que actúa igual a sus predecesores? Los regentes del poder gubernamental tienen en el aeropuerto su primera derrota, si es que insisten en continuar la transacción para complacer a los amigos que, desde la trastienda, mueven los hilos de ese negocio. Otro asunto que muestra los deslices de los regentes del poder gubernamental es la forma en que proyectan manejar la seguridad pública. En este renglón, la primera acción del gobernador para atajar el crimen fue el anuncio, con bombos y platillos, de la activación de la Guardia Nacional. Esta movida, se dijo, pretende reforzar la vigilancia de nuestras costas para evitar la entrada de drogas a la Isla. La medida vino acompañada de la reafirmación de acuerdos colaborativos entre la Policía estatal y las agencias federales, cortejada con el espaldarazo del gobernador al superintendente Héctor Pesquera, el polémico funcionario que advino al cargo bajo la pasada administración. ¿Algo nuevo en este tema? Lamentablemente, no. Es la misma película con nuevos actores. A estas alturas, los funcionarios del gobierno deben saber que para enfrentar la ola criminal hace falta mucho más que convenios con los federales. Es más que policías con chalecos antibalas, helicópteros y nuevas patrullas. La actividad delictiva y la violencia que vivimos a diario es un fenómeno complejo que requiere abordarlo desde la raíz de los problemas sociales que lo generan. Es, ante todo, repasar las bases económicas y sociales que han causado el deterioro de nuestra estructura social: enfrentar el desempleo y la precarización laboral; la pobreza económica y cultural; la falta de espacios productivos para el ocio; la crisis del modelo de educación pública, y el culto al materialismo. Hasta que no se exploren nuevas formas y estrategias que conjuguen una visión distinta de cómo abordar el problema nada se resolverá. En cambio, para manejar este y otros problemas sociales sobran propuestas. Hay ideas innovadoras que atienden nuestra condición social desde principios de justicia, democracia y equidad. Son rutas para la construcción de una mejor patria. ¿Querrá el Gobierno seguir esa senda? La respuesta, al momento, es negativa.