PPD ha desvirtuado el propósito de la Ley Tito Kayak según JGo

La legisladora enfatizó que entiende que las cláusulas del Código Penal que penalizan la obstrucción de obras o servicios, no prohíben el derecho a la libertad de expresión; por lo que la delegación del Partido Popular ha desvirtuado el propósito de la Ley y acomodaticiamente quiere derogarla amparándose en la libertad de expresión.

Según la legisladora señaló, la Comisión de lo Jurídica presidida por Luis Vega Ramos, hizo caso omiso a la opinión del Secretario del Departamento de Justicia quien reiteró que la Ley tal y como está debe permanecer y no derogarse, si no hacerle cambios técnicos.

González Colón leyó la felicitación implícita que hace el Secretario de Justicia actual a la legislatura de PNP al opinar que al redactar la Ley, la Asamblea Legislativa realizó un balance de los intereses entre los derechos de las personas a ejercer su derecho de libre expresión, dentro de los parámetros establecidos por la ley y la jurisprudencia, el derecho de los obreros a trabajar para ganarse su sustento y el de su familia, el derecho de una empresa a conducir sus negocios sin interferencia de injustificada, así como el derecho del dueño de los terrenos del disfrute de su propiedad.

Según la portavoz, el Secretario del Departamento de Justicia expresó en su ponencia sobre la medida, que el derecho a la libertad de expresión es un derecho constitucional, que a pesar de su reconocido alto rango, no es uno absoluto. De este modo, el Estado puede restringirlo en cuanto a tiempo, lugar y manera a los fines de mantener el orden, la paz pública, la sana convivencia social y el bienestar general. Esto valida la ley aprobada por la administración del PNP.

El secretario también expuso en su ponencia, que el derecho a la libertad de expresión no protege a un grupo de manifestantes al acordonar una calle o entrada a un edificio público o privado, así como tampoco al impedirle el paso a personas que no compartan o atiendan sus reclamos, el bloquear u obstruir la entrada a un edificios público, entre otros. De igual manera no aplica la protección constitucional cuando el acto se torna violento.