Proponen medida para evitar la fuga de profesionales de la salud
Con el propósito de frenar el éxodo de profesionales de la medicina, el representante José Aponte Hernández propuso hoy una legislación para que todo médico…
Con el propósito de frenar el éxodo de profesionales de la medicina, el representante José Aponte Hernández propuso hoy una legislación para que todo médico cuya residencia clínica sea sufragada por el gobierno, permanezca ejerciendo en el país luego de finalizarla por un periodo equivalente al tiempo remunerado por sus servicios.
El legislador del Partido Nuevo Progresista (PNP) considera que de este modo se atiende el problema de la fuga de profesionales de la salud hacia ciudades de Estados Unidos con gran concentración de hispanos, debido a una formación académica de primera y por dominar el español y el inglés.
Aponte Hernández estableció en declaraciones escritas que, según datos de la Junta de Licenciamiento y Disciplinas Medicas, para el periodo 2010-2013, en la Isla había 9,950 galenos, lo que representa un descenso de un 13 por ciento en comparación con los 11,397 médicos certificados para el periodo 2007-2010.
Las bajas más dramáticas son en los médicos generalistas, con un 6 por ciento, especialistas en medicina primaria con un 16 y los subespecialistas con 17 por ciento.
“No es un secreto que se están yendo, pero algo hay que hacer”, dijo Aponte Hernández al referir que se invierte en su preparación-residencia y luego se marchan sin que medie un periodo de servicio al país.
“Vamos a continuar dándole el apoyo económico para que culminen su preparación, pero que exista un compromiso de reciprocidad con el pueblo, sea en el sector privado o público, dando tiempo igual al recibido”, explicó el legislador, quien presentó el Proyecto de la Cámara 904 el cual busca establecer los parámetros para una reciprocidad.
De ese modo, adujo el expresidente de la Cámara de Representantes, los médicos que reciben ayudas gubernamentales y ejercen sus profesiones en la Isla, sea en el sector público o privado, por el mismo tiempo que duraron sus residencias.
Recordó que la gran mayoría de las residencias médicas realizadas en la Isla son subvencionadas por el Estado, a través del Departamento de Salud, la Universidad de Puerto Rico, el Recinto de Ciencias Médicas o los municipios, como es el caso de San Juan.
Aponte Hernández estableció la necesidad de “identificar recursos para que la oferta económica que están recibiendo, aun cuando de momento tal vez no se pueda igualar, sea mejor de lo que se les ofrece hoy en día”.
