Exhorta a no usar máquinas tragamonedas ilegales

“La ley dispone a que todo juego que se realice fuera de una sala de juegos o casino debe llevarse a cabo a manera de diversión, por lo que no se puede apostar o cobrar dinero. Lo que significa que toda persona que gane un premio en una máquina tragamonedas ilegal puede ser arrestado si recibe el pago, al igual que si está jugando en la máquina”, explicó Rodríguez. Añadió además, que “los operadores no están obligados a pagar ya que estos son considerados juegos de entretenimiento. No existe forma legal, ni procedimiento para que te paguen”.

Por otro lado, el experimentado casinero hizo alusión a la falta de fiscalización de estas máquinas que carecen de regulaciones estatales. “En el caso de los casinos, la División de Juegos de Azar de la Compañía de Turismo de Puerto Rico tiene un especialista que asegura que las máquinas completen el ciclo de pago de las mismas y así evitar que se elimine de antemano el ciclo para evitar los premios y jackpots grandes”. Según Rodríguez, la Ley Núm. 221, mejor conocida como Ley de Juegos de Azar, tiene el propósito de asegurar el juego limpio y no manipulado para, fraudulentamente, alterar el azar legal establecido en los juegos de azar autorizados en las salas de juegos de los hoteles. Además, faculta al Comisionado de Instituciones Financiares a llevar a cabo investigaciones al dueño o administrador del hotel y a revocar la licencia, si el concesionario del casino o el dueño o administrador del hotel no cumple con los requisitos de esta Ley. Esta ley provee para tipificar como delito conducta con la que se defrauda constantemente a los casinos de Puerto Rico, como lo son la utilización de dados alterados; fichas falsas; mecanismos y artefactos para sacar monedas de las máquinas tragamonedas; y cualquier tipo de mecanismo diseñado para alterar la selección al azar de los juegos de casino y el resultado del juego.

También expresó que estos “minicasinos” o tragamonedas ilegales están ubicados en áreas rurales y, en muchos casos residenciales, atentando contra la seguridad de los residentes al aumentar el tráfico nocturno y el juego con dinero en estas áreas; lo que se presta también para un aumento en los delitos por asalto ya sea a los jugadores o a los dueños de estos establecimientos.