Garantizado el derecho a salud y educación para inmigrantes

La orden OE-2013-008, le confiere al secretario de Educación la autoridad para adoptar la reglamentación necesaria, que garantice a todos los habitantes de Puerto Rico el acceso al sistema público de enseñanza sin necesidad de evidenciar su estatus legal en el país. Mientras que la OE-2013-009 exige al secretario de Salud que audite, fiscalice, y garantice que toda persona que habite en la isla reciba asistencia médico-hospitalaria sin que se le pregunte sobre su estatus migratorio.

Según establece la primera orden, no se indagará a los estudiantes o a sus familiares sobre su estatus migratorio. Tampoco se exigirá como condición para que un estudiante sea matriculado en el sistema público de enseñanza que sus padres o personas encargadas presenten documentación alguna sobre su estatus migratorio o el estatus migratorio del estudiante. Se garantiza, además, que ninguna institución pública pueda negar o rechazar a una persona para que se matricule en las públicas, y que el no poseer seguro social o documentación que demuestre la legalidad en la isla no será impedimento para proveer enseñanza a los niños y jóvenes.

Por otra parte, la orden que pretende garantizar la salud a los inmigrantes establece que se deberán tomar las medidas administrativas necesarias para que no se le nieguen los servicios de salud a esta población. Esto prohibirá que se le requiera al paciente, sus familiares o acompañantes documentación alguna que pruebe la legalidad de su presencia o permanencia en Puerto Rico.

La orden ejecutiva señala que el secretario de Salud deberá garantizar que “todo en personal de las instituciones médico-hospitalarias le ofrezca a cada paciente que acuda a sus instalaciones a recibir atención debido a una emergencia médica, un trato y servicios médicos enmarcados dentro de la sensibilidad y el respeto a la dignidad humana”.