Empleados de la salud exigen justicia salarial

De igual forma, exigieron que se les haga justicia salarial y que se cumpla con las Leyes 27 y 28 de 2005, que establecen un salario mínimo para los profesionales de la enfermería en el sector privado y público en el país. La Ulees catalogó como un “buen comienzo” la eliminación de las dietas y solicitó que “ese mismo Senado y Cámara podrían tener el valor de establecer un ambiente donde desaparezcan los banquetes de a mil dólares el plato, que adornan las campañas electorales de los partidos”.

“El concepto de las dietas es un poema a la insensatez y al engaño, el pueblo paga unas dietas a unos legisladores que lucharon porque se aprobara la Ley 27y 28 de enfermería y en los cinco años posteriores a la firma de ese nuevo salario básico, los dueños de hospitales en su gran mayoría burlaron esas dos leyes”, declaró la organización en una declaración escrita. Según el sindicato, los jefes de hospitales “gastaron millones de dólares” para impugnar las leyes antes mencionadas en el tribunal y “posteriormente llevaron a cabo una cena para cada uno de los dos partidos (Nuevo Progresista y Popular Democrático) a mil dólares el plato como contribución a las campañas electorales pasadas”.

La Ulees establece que la impugnación de las leyes se dio con el fin de “que las enfermeras puertorriqueñas se vean obligadas a trabajar por el salario mínimo federal, igual que lo hacían en el 1989”. “No hablamos de otros acontecimientos que podrían ser liquidados. Sí aplaudimos la acción en el caso de las dietas legislativas en vez de someter esa acción a las críticas acostumbradas”, comunicaron. Los senadores aprobaron por unanimidad días atrás una medida para eliminar las dietas legislativas, renunciando cada uno al estipendio que recibían, con excepción de Itzamar Peña y Carmelo Ríos.

En la Cámara de Representantes, el caucus del PPD presentó hoy un proyecto para una “reforma legislativa” que elimina la doble compensación, dejando solo un salario de 73 mil dólares y permitiendo que los legisladores trabajen en entes externos al gobierno bajo un “estricto código de ética”.