Empleos Ahora… ¿A cuenta de qué?
La dignidad del trabajo radica en que este es realizado por una persona que está llamada a realizarse en él, ya que además de ser el medio legítimo de su…
Por Alejandro Figueroa @ajfc1976
La dignidad del trabajo radica en que este es realizado por una persona que está llamada a realizarse en él, ya que además de ser el medio legítimo de su sustento y el de su familia, es en cierto sentido su medio de desarrollo integral. Todo trabajo es digno, irrespectivamente de la tarea que se realice y la remuneración que se reciba. Sin embargo, cuando se trata de reactivar una economía y de generar empleos que, mas allá de proveerles a las personas el medio para logar el sustento, permitan generar riqueza y actividad económica a largo plazo, hay que tener en cuenta el tipo de empleos que se incentivan y los medios que se utilizan para incentivar su creación.
Al analizar la mal llamada “Ley de Empleos Ahora” nos damos cuenta del proceder desacertado con que fue confeccionada y de la falta de un análisis concienzudo sobre la forma en que se costeará y su impacto al fisco. Basta revisar las expresiones de diversos sectores para entender a lo que nos referimos. Y es que la mayoría de las entidades que representan el sector privado —Cámara de Comercio, MIDA, Asociación de Industriales, Asociación de Hoteles y Turismo, ASORE, entre otras—, quienes están supuestas a crear los empleos y a quienes la medida impacta directamente, como los Municipios se expresaron en contra.
La Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos recoge la preocupación principal en su ponencia del 29 de enero de 2013 cuando señala que “ante la falta de recursos del Estado, no tiene sentido utilizar el dinero público para subsidiar actividades, que además de no generar nueva riqueza, no necesitan esos recursos para establecerse en la Isla o para expandir sus operaciones. El Estado tiene el deber de ser prudente y selectivo”.
Por su parte, la Federación de Alcaldes se expresó en total oposición a que se le dé exención total a los negocios nuevos en el área de propiedad mueble y en el área de patentes, ya que se estaría usurpando los ingresos municipales. La propia Asociación de Alcaldes coincidió al expresar que tiene que haber un balance entre la exención y los empleos, ya que la ley pretende otorgar beneficios millonarios a cambio de una empleabilidad mínima.
Lo que resulta aún más alarmante es que ninguno de los funcionarios del Departamento de Hacienda presentaron estimados sobre el impacto fiscal de la medida. En otras palabras, desconocemos cuánto le costará a Puerto Rico esta chapucería del PPD. Lo que podemos entender, entonces, es que con tal satisfacer la sed de proyección de una gestión que no existe, el box score de los supuestos empleos creados (1) será costeado por el contribuyente, (2) resultará en la quiebra de más Municipios, (3) no tomará en cuenta los empleos perdidos o eliminados y (4) servirá como una herramienta más para distraer a las masas.
