Se enfrentan por la Ley de Tito Kayak

“La política pública que hay que seguir es la del gobernador, quien ha dicho que la Ley Tito Kayak debe ser derogada. Nada de lo que la Ley Tito Kayak quiso proteger estaba desprotegido” indicó el presidente de la Comisión, Luis Vega Ramos, durante la vista pública.

El Departamento de Justicia, a traves del subsecretario, Rafael Ortiz Carrión indicó en la vista que la redacción actual del Artículo 200, “podría disuadir a las personas a ejercer legítima y pacíficamente su derecho a la libre expresión. Sin embargo, recomendamos que la pena de dicho delito no se elimine y que se reclasifique como uno menos grave.”

Por su parte, el portavoz de la mayoría en la Cámara, Carlos “Charlie” Hernández López declaró que “en gran medida avala una práctica legislativa muy mala, que cogió el Código Penal y fraccionó las conductas que ya estaban tipificadas. Esa legislación respondió a un ánimo mediático de crear impresiones en Puerto Rico, para reprimir la opinión libre de un ciudadano. Esa era la ley para que la gente no protestaran contra el Gasoducto y me da la impresión de que el Departamento de Justicia no leyó el diario de sesiones, para entender por qué razón se legisló eso”.

El Artículo 200 del código penal de Puerto Rico, mejor conocido como la ley “Tito Kayak” establece como delito el impedir, temporera o permanentemente, cualquier obra de construcción, pública o privada, o movimiento de terreno.

Entretanto, la Comisión de Derechos Civiles avaló el proyecto cameral 230, por considerar que el Estado tiene otros medios para lograr su propósito, sin lesionar el derecho de expresión relacionado a la protesta social. “Partiendo de la subsidiaridad del Código Penal, somos del pensar que antes de crear más delitos, es necesario ver en qué medidas los problemas que se quieran penalizar pueden ser atendidos por vías alternas”, expresó la presidenta interina de ese organismo, licenciada Rosa M. Rodríguez.