En tres y dos secretario de Justicia por pena de muerte
Pedro Santiago, director ejecutivo de Amnistía Internacional de Puerto Rico (AIPR), pidió el viernes al secretario designado del Departamento de Justicia, Luis…
Por PO
Pedro Santiago, director ejecutivo de Amnistía Internacional de Puerto Rico (AIPR), pidió el viernes al secretario designado del Departamento de Justicia, Luis Sánchez Betances exprese, de forma contundente, su oposición a la pena de muerte en Puerto Rico. “Nada aporta en la lucha por la justicia que en su carácter personal esté en contra de la pena de muerte, si no puede poner esas convicciones en la lucha por la abolición de tan cruel e inhumana sentencia (castigo). Una posición tan crucial como es la del secretario de Justicia no da espacio para la neutralidad; abstenerse de defender la idiosincrasia constitucional de Puerto Rico y los derechos humanos de las y los puertorriqueños ante tan importante asunto, es estar a favor”, dijo Santiago en declaraciones escritas.
La acción de la AIPR surge ante las expresiones tímidas que, sobre la pena de muerte, vertió el Sánchez Betances, ante la Comisión de lo Jurídico del Senado, que evalúa su nombramiento.
La organización además solicitó al nominado secretario que emule acciones de pasados secretarios de Justicia que han retenido bajo la jurisdicción estatal los casos con posibilidad de que, en el foro federal, sean certificados para la aplicación de la pena máxima.
Evelyn Michelle Román, coordinadora del Comité Contra la Pena de Muerte, la Tortura y los Malos Tratos de AIPR, añadió que “esperamos más del Secretario de Justicia. Los estados tienen el poder de reclamar jurisdicción ante determinados delitos, más aun si existe la posibilidad de que individuos sean sentenciados a muerte por los mismos. Puerto Rico es un país abolicionista, y así está expresado en nuestra Constitución. El gobernador y el secretario de Justicia deben exigir al gobierno federal respeto por nuestra Constitución, leyes y reglamentos”.
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, independientemente del delito del que se trate, de las características del delincuente y del sistema de ejecución utilizado por el Estado. De acuerdo con la organización, la pena de muerte viola el derecho a la vida y es la forma más extrema de pena cruel, inhumana y degradante. Además, su aplicación no ha generado menos criminalidad, en ningún lugar.
