Economista insiste APP del aeropuerto es mal negocio

El economista José Alameda planteó hoy que la Alianza Público Privada (APP) del aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín (LMM) provocaría pérdidas millonarias…

Por Po

5 feb 2013, 11:00 pm 2 min de lectura

El economista José Alameda planteó hoy que la Alianza Público Privada (APP) del aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín (LMM) provocaría pérdidas millonarias en los aeropuertos regionales, dado a que el contrato presenta limitaciones al desarrollo, expansión y apoyo de las terminales.

Mientras, el exempleado de la Autoridad de Puertos, Harry Narváez, afirmó que el contrato ignora que el LMM estaría siendo administrado por los próximos 40 años por una empresa cuyos jefes no son ciudadanos de EEUU, por lo que podría redundar en un riesgo a la seguridad nacional. “Es un contrato de arrendamiento malo. Lo que intenta es concentrar el desarrollo en el área metro”, advirtió Alameda durante su ponencia en las vistas públicas del Proyecto de la Cámara 1, que investiga la transacción de privatización del ALMM realizada el pasado cuatrienio.

Según el economista, “si Cancún es un aeropuerto importante para México y a la vez administrado por intereses de Aerostar, y si el aeropuerto de Cancún genera tres veces más ingresos que Puerto Rico”, y ambos compiten por el turismo estadounidense, “¿podrá (Aerostar) apoyar efectivamente al turismo en la isla?”. Además, Aerostar se comprometió a invertir 1,400 millones de dólares en mejoras a la infraestructura del ALMM en 37 años, que son 38 millones de dólares anuales, dinero que es menor a los 74.3 millones de dólares anuales en promedio que invierte la Autoridad de Puertos con el mismo fin.

A esto se le suma el hecho de que el contrato limita el establecimiento de nuevas líneas o rutas en los aeropuertos regionales, lo que provocaría un promedio de 190 mil pasajeros menos para Aguadilla y 96 mil menos para Ponce, entre el 2013 y 2027. El sector turístico también se afectaría en ese periodo, provocando pérdidas de más de 300 millones de dólares en los aeropuertos mencionados y dejando en la calle a más de cuatro mil empleados.

“Cómo sería posible que la TSA (Administración de Seguridad y Transportación federal) le permita a una empresa extranjera, con jefes que no son ciudadanos americanos, acceso a información clasificada, administrar sistema de huellas digitales de ciudadanos americanos, (entre otros)”, cuestionó Narváez.