Advierten sobre posibilidad de pena de muerte en PR
La extensión del memorando de entendimiento con el gobierno de Estados Unidos aumenta la posibilidad de la aplicación de la pena de muerte en Puerto Rico y la…
Por Po
La extensión del memorando de entendimiento con el gobierno de Estados Unidos aumenta la posibilidad de la aplicación de la pena de muerte en Puerto Rico y la limitación del derecho absoluto a la fianza garantizado constitucionalmente, aseguró hoy la sección local de Amnistía Internacional (AI).
“Aparentemente no hemos aprendido nada de los años que llevamos lidiando el crimen con represión e intimidación. Coartar derechos y los castigos severos poco aportan en la reducción de la criminalidad y la violencia”, expresó Pedro Santiago, director ejecutivo de AI en Puerto Rico.
El activista alertó al gobernador Alejandro García Padilla que “tiene la oportunidad de distanciarse de la política de mano dura que ha fracasado en todas las administraciones anteriores”. “Si seguimos haciendo lo mismo, tendremos los mismos resultados”, subrayó al alertar sobre las consecuencias de la extensión del memorando de entendimiento (MOU) con los organismo de ley y orden de Estados Unidos, que da continuidad a los acuerdos alcanzados por la administración del exgobernador Luis Fortuño.
Santiago adujo que como consecuencia la extensión del MOU entre las agencias estatales y federales de orden público “pudiera significar aumentar, aun más, la posibilidad de que la pena de muerte se aplique en Puerto Rico, a la vez que mina el derecho absoluto a la fianza de los imputados”.
Santiago abundó sobre la necesidad de que se salvaguardan por escrito los derechos garantizados por la constitución de Puerto Rico en lo referente a la pena de muerte y la fianza. Recordó que Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, independientemente del delito del que se trate, de las características del delincuente y del sistema de ejecución utilizado por el Estado.
Advirtió que lo que marcará la diferencia será un enfoque que mire la situación de criminalidad como un problema sostenido en la desigualdad y donde se desarrollen, desde diversos sectores, programas de prevención enfocados a fomentar el civismo, la inclusión, el respeto por los derechos humanos, la equidad y la autosuficiencia.


