Exigen más autonomía y participación de la comunidad en la UPR
La secretaria temporera del Senado Académico del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Valerie Vázquez Rivera, firmó una resolución en…
La secretaria temporera del Senado Académico del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Valerie Vázquez Rivera, firmó una resolución en la que pide que se deroguen las leyes que cambiaban la composición de la junta de síndicos y la fórmula de fondos que recibía la institución.
Al mismo tiempo, la resolución exige que se detenga cualquier cambio a reglamentos hasta que haya culminado el proceso de diálogo en la comunidad universitaria.
La resolución 42 del año académico 2012-2013 pide que se aumente la representación estudiantil y claustral dentro de la junta de síndicos y que se respete la fórmula presupuestaria de la institución para otorgarle la autonomía de la que tanto han hablado los políticos del país.
También exigen una reunión del gobernador electo Alejandro García Padilla con los representantes estudiantiles y claustrales para discutir los asuntos más importantes de la UPR.
“Toda medida legislativa o proyecto dirigido a una reforma universitaria debe partir de la iniciativa y responder al consenso de la propia comunidad universitaria”, reza la resolución, fechada el 16 de noviembre de 2012 por Vázquez Rivera.
En la misma se exige que se derogue la Ley 65 del 2010, que aumentó la cantidad de miembros en la Junta de Síndicos de 13 a 17, para que se retorne nuevamente a la cantidad inicial, al tiempo que se aumenta la representación estudiantil y claustral.
Vázquez Rivera explicaba que dicho cambio había sido “unilateralmente, lo que contraviene los principios de autonomía y colegialidad de la institución”.
Al momento, 14 de los miembros de la Junta de Síndicos provienen de distintos sectores sociales, dos son profesores y un estudiante. La resolución pide que haya tres profesores y dos estudiantes, cuyo vencimiento sería de forma escalonada, al tiempo que se reduce a 13 la junta.
También exige que “se devuelva la estabilidad fiscal brindada mediante la fórmula presupuestaria dispuesta por la Ley de la UPR” mediante la derogación de la Ley 7 de 2009 (Ley especial declarando estado de emergencia fiscal), “que impactó adversamente los ingresos universitarios”.
A Ley 7 excluía a la UPR de las fórmulas de asignación de fondos del gobierno, lo que redundó en una reducción de 41 millones de dólares en los fondos de ls Universidad para el año fiscal 2010-2011.
La resolución hacía un reclamo a las autoridades para que “respete el principio de que la Ley Universitaria solo debe cambiar o modificarse por iniciativa y solicitud de la comunidad universitaria”.
Las exigencias se hacían para “desarrollar los pasos para restaurar y fortalecer la autonomía universitaria” y pedía que se elevara la resolución a las autoridades pertinentes para que “no se tome acción alguna en cuanto a posibles cambios o modificaciones de la Ley o al Reglamento de la UPR hasta tanto culmine un amplio proceso de diálogo y consenso entre la comunidad universitaria”.
