Senado pospone votación de la reforma de permisos para revisar un proyecto de más de 1,000 páginas

El proyecto sustitutivo, que integra los Proyectos del Senado 1173 y 1183 y se hizo público el 7 de octubre, propone una reorganización completa del sistema de permisos de Puerto Rico, incluidas nuevas entidades, plataformas digitales, criterios ambientales y estructuras de certificación profesional. El récord legislativo muestra que se celebraron cinco vistas públicas entre abril y mayo. Sin embargo, esas vistas fueron sobre los proyectos originales, no sobre el sustitutivo.

El senador del Partido Popular Democrático Josean Santiago hizo una de las advertencias más fuertes desde el hemiciclo, al argumentar que la responsabilidad del Senado con el pueblo pesa más que cualquier deseo de proyectar eficiencia legislativa. “La reforma no debe apresurarse simplemente para cambiar la conversación pública o para crear un contraste con los retos que enfrenta la Rama Ejecutiva”, dijo. En cambio, sostuvo, el Senado debe demostrar independencia, transparencia y rigor.

Santiago recalcó que el asunto no era oponerse a la reforma en sí, sino asegurar que el producto final sea sólido en lo legal, claro en lo operacional y cuente con los recursos adecuados. “La experiencia legislativa nos ha enseñado que muchas veces el problema no está en los propósitos de una ley, sino en las consecuencias de su redacción”, afirmó, y señaló que responsabilidades mal definidas o mandatos sin fondos podrían socavar todo el sistema. Advirtió que errores en áreas como la planificación territorial, la reglamentación del uso de terrenos, la seguridad en la construcción, la protección ambiental y la autonomía municipal podrían causar daños “que ni siquiera una enmienda legislativa posterior podría revertir”.

El senador Eliezer Molina se hizo eco de esas preocupaciones, en particular sobre el trato que da el proyecto a las protecciones costeras, los riesgos geológicos y la zona marítimo-terrestre. Molina dijo que no podía votar responsablemente sobre la medida sin más tiempo para analizar sus disposiciones técnicas. “Es muy poco tiempo el que nosotros… en una hora se me hace difícil”, expresó. Señaló el lenguaje relacionado con la Zona Marítimo-Terrestre, la incorporación de la Regla 4860, que trata sobre el manejo de playas, y los cambios en la vigencia de los indicadores costeros que se utilizan para determinar los límites del dominio público.

Molina también levantó preocupaciones sobre la ausencia de zonas de amortiguamiento en las normas de construcción en riscos, el trato al terreno cársico y la posible subjetividad en la determinación de las zonas inundables bajo la nueva estructura. Advirtió que concederle demasiado poder discrecional a un solo funcionario, el “zar de permisos”, podría exponer el sistema a presiones políticas o a interpretaciones erróneas. “¿Quién pone los límites?”, preguntó.

El senador también criticó el papel de los intereses privados en la formulación de la política de permisos. Cuestionó el silencio de organizaciones profesionales como el Colegio de Ingenieros en controversias pasadas, incluido el caso de Sol y Playa, e instó a los legisladores a asegurarse de que la reforma no acelere la construcción en áreas ambientalmente vulnerables bajo el pretexto de ayudar a los pequeños negocios a obtener permisos ministeriales.

A pesar de sus preocupaciones, Molina dejó claro que no se oponía a la reforma. Solo pidió tiempo adicional, “dos o tres días más”, para leer el texto completo y proponer enmiendas que puedan reducir riesgos futuros.

Su petición fue secundada en el hemiciclo, y el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, accedió a posponer la votación hasta el martes siguiente. Rivera Schatz defendió el proceso legislativo, al señalar que el proyecto llevaba más de cinco meses en evaluación y que se habían celebrado cinco vistas públicas. Leyó en la sesión los registros de asistencia, y señaló qué senadores y representantes de partidos habían participado en las vistas. “No hay nada mejor que el récord”, dijo, y argumentó que los legisladores tuvieron amplia oportunidad de revisar la medida y de consultar con el personal de la comisión, que estuvo disponible todos los días.

Aun así, Rivera Schatz reconoció la petición de más tiempo y accedió a extender el periodo de revisión.

La posposición refleja lo que está en juego con la reforma, que consolidaría decenas de leyes, reorganizaría las entidades de permisos, integraría sistemas digitales geoespaciales, redefiniría los procesos de evaluación ambiental y establecería nuevos mecanismos para querellas ciudadanas y participación pública. El sustitutivo incluye la creación de la Oficina de Atención y Resolución de Querellas, una oficina dedicada para que los ciudadanos presenten sus preocupaciones sin costo, y exige trazabilidad y auditabilidad mediante una plataforma digital unificada. Esas disposiciones buscan atender quejas de larga data sobre la opacidad, la aplicación inconsistente de las normas y la limitada fiscalización pública del sistema de permisos.

Un informe que recomienda la aprobación del sustitutivo lo presenta como una respuesta abarcadora a un sistema que los legisladores describen como fragmentado, lento, impredecible y estructuralmente incoherente.

Dos filosofías en un solo proyecto

El sustitutivo integra dos filosofías legislativas distintas en una sola reforma abarcadora. El Proyecto del Senado 1173 aborda el problema mediante la simplificación: reduce los pasos ministeriales, limita la intervención gubernamental antes del permiso y se mueve hacia la fiscalización posterior. Sustituye el Permiso Único por un Registro de Uso, un mecanismo declarativo que permite que actividades económicas de bajo riesgo comiencen a operar de inmediato una vez se declaran los requisitos. Según el informe, bajo este modelo “el ciudadano notifica, el Estado registra y la inspección opera posteriormente”, un cambio que busca eliminar demoras innecesarias en operaciones comerciales rutinarias sin perder la capacidad del gobierno de intervenir cuando ocurran violaciones.

El Proyecto del Senado 1183, en cambio, adopta una estrategia de codificación. Propone un nuevo Código de Planificación y Permisos que consolida decenas de estatutos, redefine funciones institucionales, integra sistemas digitales, uniforma definiciones y establece un modelo de evaluación basado en riesgo. El proyecto atiende 72 leyes: deroga 15, enmienda 29 y armoniza otras 29. El informe de la comisión recalca que esa consolidación no es meramente administrativa, sino esencial para resolver contradicciones, eliminar requisitos duplicados y crear un ecosistema reglamentario coherente.

El sustitutivo combina ambos enfoques. Conserva la agilidad y los mecanismos declarativos del 1173 para los asuntos ministeriales, y adopta la coherencia estructural y la reorganización institucional del 1183 para los proyectos discrecionales, de alto impacto o ambientalmente sensitivos. El resultado es un marco unificado que distingue entre actividades de bajo riesgo, que pueden automatizarse o ser certificadas por profesionales, y proyectos de alto riesgo, que requieren una evaluación estructurada, participación pública y coordinación entre agencias.

Nueva estructura institucional

Uno de los cambios de mayor alcance es la creación de una nueva estructura institucional. El proyecto establece una Junta de Planificación y Urbanismo [verificar nombre oficial] con independencia técnica; una Oficina Central de Permisos [verificar] como entidad principal de trámite; una Junta de Apelaciones [verificar] para las determinaciones discrecionales; la Oficina de Atención y Resolución de Querellas, para las quejas ciudadanas, y una Junta Revisora Administrativa [verificar] para las apelaciones. Todas estas entidades estarían adscritas al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, lo que consolidaría una autoridad que hoy está dispersa en múltiples agencias. El informe argumenta que esa consolidación atiende directamente las preocupaciones de profesionales, municipios y grupos empresariales sobre interpretaciones inconsistentes, jurisdicción poco clara y evaluaciones duplicadas.

El proyecto también formaliza el rol de los certificadores profesionales (Profesionales Autorizados, Inspectores Licenciados, Profesionales Cualificados y Profesionales Licenciados [verificar nombres oficiales]), quienes podrán certificar el cumplimiento bajo estándares uniformes, sujetos a auditorías, requisitos de educación y la supervisión de un nuevo Panel de Inspección y Cumplimiento. Esto responde a reclamos de grupos de la industria de que el sistema actual subestima el peritaje profesional y obliga a que incluso asuntos rutinarios pasen por largas evaluaciones gubernamentales. A la vez, el proyecto incorpora salvaguardas exigidas por organizaciones ambientales y planificadores municipales, como requisitos de trazabilidad, mecanismos de auditoría y penalidades por certificaciones falsas.

Modernización digital

La modernización digital es otro pilar central de la reforma. El Sistema Unificado de Información propuesto, integrado con datos geoespaciales, crearía un expediente electrónico único para cada trámite de permisos, lo que permitiría el seguimiento en tiempo real, registros de auditoría, métricas de desempeño e indicadores de satisfacción ciudadana. Esto atiende directamente las preocupaciones levantadas en las vistas sobre la opacidad de los procesos actuales, la dificultad para dar seguimiento a las solicitudes y la falta de datos confiables para formular política pública.

Las protecciones ambientales, históricas y arqueológicas se conservan y se reorganizan bajo un modelo basado en riesgo. El proyecto mantiene la evaluación ambiental para las acciones de impacto significativo, y permite exclusiones categóricas para actividades predecibles y de bajo riesgo. Esto responde a la preocupación de grupos ambientales de que la simplificación pudiera debilitar las salvaguardas, y a la vez atiende las quejas del sector empresarial de que actividades menores reciben hoy un escrutinio desproporcionado. El informe subraya que la reforma no trata el desarrollo y la protección ambiental como fuerzas opuestas, y cita la exposición de motivos del Proyecto del Senado 1173: “Una burocracia que paraliza al ciudadano honesto no necesariamente protege el ambiente”. El sustitutivo intenta conciliar ambos intereses, concentrando la atención reglamentaria donde más se necesita.

La autonomía municipal se atiende mediante mecanismos de delegación más claros, criterios uniformes y la integración al sistema digital unificado. Los municipios habían levantado preocupaciones sobre un trato inconsistente y una autoridad poco clara bajo el marco actual. El sustitutivo responde con definiciones uniformes, sistemas de datos compartidos y vías de evaluación coordinadas, y conserva la capacidad de los municipios que estén preparados para manejar sus propios procesos de permisos.

La participación ciudadana y la resolución de querellas se fortalecen con la creación de la Oficina de Atención y Resolución de Querellas y con mecanismos más claros de revisión administrativa y judicial. Esto responde a preocupaciones de organizaciones comunitarias sobre las pocas vías de fiscalización y la aplicación inconsistente de las normas.

De convertirse en ley, el sustitutivo representaría la reforma de permisos más significativa desde 2009, y posiblemente la más abarcadora en la historia de Puerto Rico. Su éxito dependerá de la implementación (nuevos reglamentos, infraestructura digital, sistemas de acreditación profesional y coordinación entre agencias), pero la dirección es clara: Puerto Rico intenta sustituir un panorama fragmentado de permisos por un sistema unificado, basado en riesgo y digitalmente trazable, diseñado para apoyar tanto el crecimiento económico como la protección ambiental.