Colapsan otra vez las negociaciones entre NFEnergía y los prácticos marítimos por la entrada del tanquero con gas natural

Más temprano ese día, ambas partes le habían asegurado a la jueza federal de distrito Silvia Carreño-Coll que estaban de acuerdo en el marco operacional necesario para mover el tanquero hasta la terminal de NFE en Puerto Nuevo. La jueza, al subrayar la dependencia de la isla en las entregas oportunas de LNG, instó a las partes a finalizar la estipulación durante un receso. Pero el aparente avance duró poco.

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Al final de la tarde, NFE informó al tribunal que el borrador revisado de los prácticos guardaba poca semejanza con los términos discutidos en corte abierta. La compañía indicó que los prácticos ampliaron el documento para incluir afirmaciones técnicas sobre la invasión de los límites del canal, un punto que NFE ha rechazado en repetidas ocasiones, y eliminaron el lenguaje que aclaraba que esa preocupación reflejaba únicamente la postura de los prácticos. Una nueva medición ubicó al buque “aproximadamente 2 pies 8¼ pulgadas más allá del límite de 150 pies”, una cifra que NFE describió como extraída de forma selectiva de correos electrónicos del descubrimiento de prueba e inconsistente con cálculos anteriores.

NFE argumentó que las adiciones transformaron un acuerdo operacional limitado en una declaración más amplia sobre responsabilidad y dimensiones del canal, y describió los cambios como un esfuerzo que “descarriló una resolución amigable”. La compañía también objetó nuevas restricciones operacionales, entre ellas un requisito de entrada solo durante horas de luz y un lenguaje que permitiría a los prácticos imponer condiciones adicionales sin límite.

Los prácticos respondieron que sus enmiendas solo aclaraban el expediente y reflejaban datos que la propia NFE suministró el 29 de septiembre. Señalaron que sus borradores continuaban reconociendo que NFE niega la invasión del canal e insistieron en que la estipulación debe preservar las medidas provisionales vigentes, incluido el requisito de escolta de cuatro remolcadores, y proteger de forma explícita el juicio profesional del práctico durante las maniobras. Además, pidieron al tribunal asegurarse de que nada en la orden pueda usarse para argumentar que los prácticos son responsables de los costos de los remolcadores en espera, y citaron cartas de navieras que se reservan el derecho de presentar reclamaciones.

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Con las negociaciones estancadas, NFE pidió a la jueza Carreño-Coll levantar las medidas provisionales que actualmente impiden la entrada del AMUR RIVER a la bahía, y ofreció pagar por los remolcadores en espera sin perjuicio de la posición legal de ninguna de las partes. La compañía advirtió que el buque enfrenta “ventanas limitadas” para una entrada segura y que la demora continua amenaza las entregas de LNG necesarias para mantener la generación en las centrales eléctricas de Puerto Rico. En una moción separada, NFE presentó un proyecto de orden e instó al tribunal a actuar de inmediato, al argumentar que “un remedio extraordinario continuo es innecesario”, ahora que acordó costear los remolcadores en espera.

Los prácticos respondieron pidiendo al tribunal que requiera a NFE atender sus enmiendas propuestas o que levante las medidas provisionales bajo las condiciones que ellos establecieron.

El nuevo estancamiento coloca a la jueza Carreño-Coll en la posición de decidir si impone un marco operacional final o permite que el buque avance bajo los términos de una de las partes. Con el AMUR RIVER todavía fuera de costa y las utilidades de Puerto Rico advirtiendo sobre limitaciones en el suministro, la disputa pasó de ser un desacuerdo técnico a un asunto con consecuencias directas para la estabilidad energética de la isla.