Dentro del colapso fiscal de Puerto Rico

En Promise Land; The Inside Story of the Puerto Rico Debt Crisis, el expresidente de la Junta de Supervisión Fiscal David Skeel ofrece un relato de primera mano del proceso que llevó a Puerto Rico al mayor ajuste de deuda pública en la historia de Estados Unidos. Su relato, escrito con la precisión de un académico, entrevistas y la franqueza de un testigo directo, revela cómo se gestó PROMESA, cómo se fracturaron las estrategias del gobierno local y cómo la Junta de Supervisión Fiscal navegó un ambiente político marcado por presiones políticas, huracanes, terremotos, el Covid-19 y la renuncia del exgobernador Ricardo Rosselló, para lograr el plan de ajuste fiscal que logró reducir la deuda del gobierno de central de unos $73 mil millones a $31 mil millones.

“La mayor sorpresa, para mí, como estudioso de la quiebra, es hasta qué punto las consideraciones políticas y prácticas resultan mucho más importantes que las normas formales. Imaginaba que las normas formales —como las normas que rigen las prioridades de los acreedores— se aplicarían estrictamente, pero a menudo no era así,” dijo a Caribbean Business. “Pudimos pagar íntegramente los pensionistas acumulados, aunque las pensiones estaban casi completamente sin financiamiento, después de que el gobernador y la Legislatura presionaron mucho para ello”.

El libro abre una ventana a un momento extraordinario en la historia reciente del país: el instante en que Puerto Rico tuvo que admitir que su modelo fiscal había colapsado y que solo una intervención federal podía evitar un desastre mayor.

El entonces gobernador Alejandro García Padilla intentó evitar un default por razones como evitar la aceleración de pagos de deudas y no ser catalogado como un “mala paga”. Su administración buscó negociar directamente con acreedores, implementar reformas fiscales e impuestos y aprobar la Ley para el Cumplimiento con las Deudas y para la Recuperación de las Corporaciones Públicas de Puerto Rico (o Recovery Act) que pretendía ofrecer un mecanismo local para reestructurar corporaciones públicas como la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Las intervenciones de Dick Ravitch, un veterano de la crisis en Nueva York, y Anne Kruger, exoficial del Fondo Monetario Internacional, —quien dijo que el déficit del Estado Libre Asociado era mucho mayor de lo que se creía— fue lo que obligó a García Padilla a enfrentar lo inevitable. Ravitch convenció a García Padilla de dar la primicia sobre la situación de Puerto Rico a un periódico nacional, The New York Times. Allí, y ante la impaciencia de reporteros, declaró que la deuda era “impagable”.

Para Skeel, ese momento fue el reconocimiento oficial de que Puerto Rico necesitaba un mecanismo federal de reestructuración.

La aprobación de la Ley federal PROMESA fue posible debido a que Nancy Pelosi, la entonces líder de la minoría demócrata en la Cámara federal, obtuvo del presidente cameral Paul Ryan un compromiso para atender la crisis de la isla a cambio de los votos demócratas necesarios para aprobar la legislación presupuestaria de diciembre de ese año.

Para ayudar a aprobar la ley, Ryan exigió eliminar cualquier referencia a bankruptcy o quiebra del texto legislativo para evitar que los republicanos interpretaran la medida como un primer paso hacia una ley de quiebras para los estados. Se utilizó el término “reajuste de deuda” para que la legislación se canalizara por el Comité de Recursos Naturales, donde tenía posibilidades reales de sobrevivir. Ese pacto bipartita, discreto pero decisivo, permitió que PROMESA se convirtiera en ley.

El libro detalla anécdotas no enteramente conocidas por el público en general (spoiler alert). Estas incluyen: el exgobernador Rafael Hernández Colón intervino directamente con Anthony Weiss para evitar que se aprobara PROMESA, y Rosselló también trató de evitar que se aprobara PROMESA y propuso un plan para pagar. En el libro, Skeel comenta que la Junta sospechaba que Rosselló estaba recibiendo donativos de bonistas; cuando la Junta se reunió por primera vez con los líderes legislativos, ni Thomas Rivera Schatz ni Johnny Méndez se quejaron de recortes a la Universidad de Puerto Rico o los municipios, sino por recortes al presupuesto legislativo. El recorte fue lo que desencadenó que Rivera Schatz llamara a Ana Matosantos “señor” dos veces en un discurso en el Senado; no se sabía con exactitud cuánto dinero tenía el gobierno y se contrataron asesores que encontraron más de 2,000 cuentas gubernamentales; la AEE, que continúa en quiebra, es descrita como “el Padrino” convertido en realidad; cuando Skeel recibió un formulario para su renominación a la Junta de la Casa Blanca de Trump, este no contenía preguntas sobre sus cualificaciones, sino que preguntaba quién era su filósofo favorito y qué políticas de Trump favorecía.

Dentro de la Junta, uno de los episodios más tensos fue la llegada de Justin Peterson, quien se convirtió en una voz pública en contra de los acuerdos de reestructuración y mantuvo comunicación constante con acreedores mientras la Junta negociaba. Skeel describe cómo Peterson filtraba información, cuestionaba públicamente las propuestas y se alineaba con bonistas que buscaban mejores términos. Sus intervenciones complicaron negociaciones delicadas y obligaron a la Junta a considerar, en un momento dado, realizar negociaciones completamente públicas, una idea que fue descartada por el mediador principal. Aunque Peterson no cambió el resultado final del Plan de Ajuste del gobierno central, sí, hizo el proceso “mucho más estresante y difícil”.

Skeel aborda temas como la batalla legal entre los bonistas de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante y los de Obligación General (GO), una disputa que definió el futuro fiscal del país. Ambos grupos reclamaban prioridad sobre la misma fuente de recaudos: el Impuesto sobre Ventas y Uso. Si uno ganaba completamente, el otro quedaba devastado así como el manejo de las pensiones; y la impugnación constitucional presentada por fondos como Aurelius, que alegaron que los nombramientos de los miembros de la Junta violaban la Cláusula de Nombramientos.

La quiebra de la AEE, que aún no se ha resuelto, ocupa un capítulo aparte. Skeel es claro en su diagnóstico: el obstáculo principal para reestructurar la deuda de la corporación ha sido la conducta de los bonistas, quienes han rechazado ofertas razonables mientras la infraestructura eléctrica se deteriora.

Tras casi una década en la Junta, Skeel afirma que su perspectiva sobre el servicio público cambió profundamente.