‘Explainer’: No todos los puestos de confianza son iguales
La naturaleza de los diferentes nombramientos que hace el Ejecutivo limita las capacidades de remover a funcionarios de sus cargos
Por María Soledad Dávila Calero
Las dos decisiones recientes del Tribunal Supremo de Estados Unidos— Trump v. Cook, y Trump v. Slaughter— junto con la decisión del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito sobre el puesto de Auditor Interno Municipal de Maricao, han establecido delimitaciones sobre los poderes para remover a funcionarios que son nombrados por el Ejecutivo, ya sea el presidente de los EE. UU., un gobernador o un alcalde.
Estas decisiones tienen repercusiones a través de todos los nombramientos en el gobierno, pero en este momento en particular, puede afectar el estatus de los miembros de la Junta de Supervisión y Administración Financiera (JSAF) que el presidente Donald Trump removió. La disputa sobre si tenía poder de removerlos está a nivel del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito.
¿Cuáles son los diferentes tipos de nombramientos?
Dentro del andamiaje gubernamental de Puerto Rico están los nombramientos de confianza son aquellos descritos como “de libre selección y libre remoción”, lo que se ha entendido como que el mandatario que hace el nombramiento puede usar los criterios que desee para seleccionarlos y puede pedir su renuncia en cualquier momento.
Aunque clasificación cubre desde el equipo interno del Ejecutivo, como el secretario de la Gobernación o asesores políticos, también cubre a funcionarios que requieren el consejo y consentimiento del Senado como los jefes de agencia
Además están los nombramientos a términos fijos, como el contralor o los jueces, que los nombra un gobernador y confirma el Senado pero la ley establece que no se pueden remover “sin causa” de sus puestos antes de que culminen sus términos.
Dentro del andamiaje federal el término es “oficiales de los Estados Unidos” para aquellos puestos que son nombrados por el presidente con la confirmación del Senado, esto incluye los nombramientos a términos fijos. Mientras que los oficiales menores del gobierno son los puestos que el presidente puede nombrar directamente.
Los miembros de la JSAF, aunque son nombrados por el presidente, no son oficiales del gobierno federal, sino una entidad territorial.
¿Qué dice el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito?
En una decisión por el juez Gustavo Gelpí, el Tribunal de Apelaciones de Boston estableció que, aunque los puestos de confianza son descritos como “de libre selección y libre remoción” sí están sujetos a protecciones contra discrimen político. El tribunal apelativo decidió que el alcalde de Maricao, Wilfredo Ruiz Feliciano, del Partido Popular Democrático (PPD) no podía exigir afiliación política para el puesto de auditor interno municipal. Por lo que no renovar el nombramiento de Odette López Collazo a este cargo por ella no estar afiliada al PPD constituye discrimen político.
El juez Gelpí separó los nombramientos de confianza en dos: aquellos que tienen tareas de implementar o supervisar política pública y aquellos que tienen tareas técnicas.
En el caso de los funcionarios que atienden política pública, como lo puede ser un subsecretario de una agencia, el gobernador o alcalde haciendo el nombramiento puede pedir la persona que nombre estar afiliada a su mismo partido político. En el caso de nombramientos que tienen a su cargo tareas técnicas, como el auditor interno municipal, se considera discrimen político exigir afiliación de partido como requisito para ocupar el cargo.
¿Qué dice el Tribunal Supremo de EE.UU.?
En la decisión de Trump v. Cook, el Tribunal Supremo decidió que Trump no podía remover a Lisa Cook de su puesto como una de las gobernadoras de la Reserva Federal (Fed). Los gobernadores de la Reserva Federal son nombrados por el presidente y confirmados por el Senado a un término de 14 años.
El Tribunal Supremo argumentó que la Fed implementa política monetaria que es independiente de la implementación de la política pública. Por lo tanto, la Fed necesita tener independencia de la Rama Ejecutiva y el presidente no puede remover sin causa a un gobernador del Fed antes de culminar su término.
En la decisión de Trump v. Slaughter, el Tribunal Supremo decidió que Trump podía remover a Rebecca Slaughter de su puesto como comisionada de la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés). Los comisionados de la FTC tienen nombramientos a siete años y también tenían la misma protección de no poder ser removidos sin causa.
Sin embargo, el Tribunal Supremo argumentó en el caso de Slaughter, que la constitución da al presidente el poder de escoger los funcionarios de gobierno que van a ejecutar las leyes y la política pública. Además el juez Presidente John Roberts, argumentó que la FTC es un organismo que ha acumulado grandes poderes como entidad reguladora cuyas reglas tienen peso de ley.
El pasado agosto, el presidente Trump removió a seis de los miembros de la JSAF antes de que se cumplieran los términos de los miembros. Los miembros removidos demandaron y el caso se encuentra a nivel apelativo. Tanto el tribunal como las partes estaban esperando que iba a decidir el Tribunal Supremo de EE. UU. sobre las disputas con Cook y Slaughter. Ahora, al tribunal apelativo le resta evaluar cómo estas decisiones afectan o no el estatus de los miembros de la JSAF.
