Primer Circuito reactiva litigio por la destitución de miembros de la Junta

En una orden emitida el 1 de julio, el tribunal ordenó al Departamento de Justicia de Estados Unidos y a los miembros de la Junta, Arthur J. González, Betty Rosa y Andrew Biggs, que presenten mociones sobre los próximos pasos procesales en un plazo de 30 días. La directiva indica que el panel de apelaciones reevaluará el caso tras la decisión de la Corte Suprema en el caso Trump contra Cook, que abordó cuándo los tribunales pueden revisar la decisión de un presidente de destituir a funcionarios amparados por la cláusula de “causa justificada”.

“Hemos recibido el Informe de Situación de los apelantes en el que nos informaron de la emisión por parte de la Corte Suprema de su opinión en Trump v. Cook, ___ S.Ct. ___, 2026 WL 1855613 (EE. UU., 29 de junio de 2026). Como se sugiere en la Moción sin oposición de los apelantes del 22 de diciembre de 2025 para suspender el caso, las partes deberán ‘presentar mociones para regular los procedimientos posteriores [en este caso] a más tardar 30 días’ a partir de la fecha de esta orden”, escribió el tribunal de apelaciones.

La orden llega en un momento crucial. En el caso Trump contra Cook, el Supremo federal se negó a permitir que el presidente Donald Trump destituyera a la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, al defender la independencia del banco central frente a un desafío sin precedentes por parte del mandatario republicano.

El tribunal, en una votación de 5-4, bloqueó por el momento la destitución de Cook, preservando la independencia de la Reserva Federal mientras reforzó, en otro aspecto del fallo, las facultades del presidente sobre otras entidades gubernamentales.

La cláusula de destitución de la Ley PROMESA sigue esa estructura más amplia. Establece únicamente que “el Presidente podrá destituir a cualquier miembro de la Junta de Supervisión solo por causa justificada”, sin definir “causa justificada”, enumerar motivos específicos ni exigir notificación o audiencia. En el caso Trump contra Cook, ese silencio podría ser fundamental para el resultado.

González, Rosa y Biggs impugnaron su destitución de la Junta de Supervisión en 2025, argumentando que el presidente actuó ilegalmente y les negó el debido proceso. Por su parte, el Departamento de Justicia sostuvo que el presidente Trump los destituyó por “ineficiencia, ineficacia, negligencia y fracaso”, al citar su incapacidad para resolver la crisis fiscal de Puerto Rico y la supuesta mala gestión de fondos públicos.

“Los organismos bajo la supervisión de los demandantes han derrochado fondos en bufetes de abogados, anunciantes y consultores… aproximadamente 2 mil millones de dólares en honorarios de ‘asesoramiento’ profesional… más de 250 millones de dólares en honorarios de consultores y bufetes de abogados para el proceso de bancarrota de PREPA”, escribió el Departamento de Justicia.

El gobierno también argumentó que la decisión del presidente no es revisable, que el cargo público no constituye un interés patrimonial protegido y que la Ley PROMESA no ofrece garantías procesales como la notificación o una audiencia.

Sin embargo, un juez federal determinó que la destitución de los tres miembros de la Junta fue ilegal, dejando la disputa en manos del Primer Circuito para su resolución. El caso fue suspendido por ese tribunal a la espera del fallo de la Corte Suprema.

La orden del Primer Circuito del 1 de julio no resuelve el fondo de la disputa. En cambio, solicita a ambas partes que expliquen qué queda del caso tras el fallo en Trump contra Cook. El Departamento de Justicia y los exmiembros de la Junta de Supervisión deberán determinar si alguna reclamación sigue siendo viable, si corresponde anular o desestimar los procedimientos ante el tribunal de distrito y si el tribunal de apelaciones debe ordenar la presentación de alegatos adicionales o devolver el caso al tribunal inferior.

Los escritos que presenten ambas partes durante los próximos 30 días definirán la siguiente etapa del litigio.