Puerto Rico ante su mayor prueba climática: ingenieros, aseguradoras y economistas advierten que la inacción costará $379 mil millones

“Mucha gente está circulando por ahí que pretende que todo se haga en un año o en cuatro años; eso es falso”, afirmó con firmeza. El plan, explicó, está diseñado con medidas escalonadas, responsables identificados, fuentes de financiamiento y metas claras para dar seguimiento. No es un documento improvisado ni un catálogo de aspiraciones, sino una hoja de ruta que, según él, “tiene todas esas opciones alternativas, estrategias… para atender este problema”.

A lo largo del foro, ingenieros, aseguradoras, académicos y desarrolladores coincidieron en un mensaje que resonó con fuerza: Puerto Rico enfrenta un costo de inacción estimado, a valores actuales, de $379 mil millones, dijo Leslie Adames, director de análisis y política económica de la firma Estudios Técnicos.

Soderberg detalló que existen acciones inmediatas que pueden implementarse sin grandes inversiones. Una de ellas es tan simple como efectiva: pintar los techos de blanco, lo que reduce la temperatura interior “por lo menos 5 a 6 grados Fahrenheit. Garantizado”. También insistió en la necesidad de establecer centros de enfriamiento para eventos de calor extremo, comparándolos con los refugios que se habilitan durante huracanes. En Europa, recordó, estos centros son parte de la infraestructura básica de respuesta al calor. Puerto Rico, dijo, debe asumir que las olas de calor serán cada vez más frecuentes y peligrosas.

A mediano plazo, Soderberg destacó la urgencia de sembrar árboles en zonas urbanas, no solo en cuencas o áreas rurales. Recordó cómo han cambiado espacios emblemáticos como la plaza frente a Padín en el Viejo San Juan. “Los invito a ir ahí a las dos de la tarde. No se puede”, comentó, describiendo el calor insoportable debido a la falta de sombra. A largo plazo, el país deberá transformar su infraestructura urbana: sustituir los asfaltos que absorben calor, rediseñar las edificaciones para permitir la ventilación cruzada y recuperar prácticas arquitectónicas que antes eran la norma en el Caribe.

A pesar de los obstáculos federales recientes en materia de energías renovables, Soderberg insistió en que aún hay fondos disponibles para proyectos de resiliencia. Mencionó inversiones como los $800 millones para renovar el aeropuerto de Aguadilla para que pueda sustituir al de San Juan, los $40 millones para expandir terminales, y los fondos de la EPA que permiten reubicar plantas de tratamiento vulnerables. También citó $60 millones asignados para atender la erosión costera y un proyecto piloto de $40 millones en San Juan. “Todavía se pueden usar fondos federales”, reiteró, aunque advirtió que la ventana no será eterna.

El sector asegurador ofreció una perspectiva igualmente contundente. El presidente y principal oficial ejecutivo de MAPFRE, Alexis Sánchez Geigel, comparó las pérdidas pagadas tras el huracán Georges en 1998 —unos $65 millones— con las de María, que ya superan los $1.5 milmillones. “Lo que es un huracán pequeño y lo que es un evento material, es exponencial”, dijo, explicando que la severidad de los eventos climáticos ha transformado por completo el mercado de seguros. Señaló que los costos de reconstrucción han aumentado en más de 40% desde 2017, lo que inevitablemente se refleja en primas más altas. También advirtió que muchas residencias en Puerto Rico están subaseguradas porque “no han atemperado sus valores”, lo que podría dejar a miles de familias sin capacidad de reconstrucción tras un desastre.

El ejecutivo también reveló que las fincas solares y eólicas en el sureste del país sufrieron pérdidas totales durante María. “Las pérdidas fueron de 100% del límite asegurado”, afirmó, añadiendo que la empresa no volverá a asegurar fincas solares en esa región. En contraste, los sistemas solares instalados en techos residenciales y comerciales “se comportaron excelentemente”, lo que sugiere que la generación distribuida es más resiliente que los proyectos a escala industrial.

Los economistas que participaron en el foro señalaron que el estudio del costo de la inacción se realizó con datos limitados, utilizando solo dos parámetros climáticos debido a la falta de información actualizada. “Utilizamos datos de la infraestructura gris que tiene más de 10 años… muchos de esos datos no están disponibles o están desactualizados”, explicó Adames. Advirtieron que la falta de datos precisos sobre precipitación, olas de calor e infraestructura crítica limita la capacidad del país para tomar decisiones informadas. También señalaron que las guerras en Ucrania y Medio Oriente han deteriorado la capacidad fiscal de los países industrializados, lo que hace poco realista esperar fondos internacionales significativos. “La prioridad va a ser… las prioridades de ellos, no las prioridades de los países receptores”, dijeron.

José Domingo Pérez, fundador de Caribe Tecno, aportó una perspectiva empresarial que sorprendió a muchos en la audiencia. Relató cómo, en 2010, decidió rediseñar un proyecto en Carolina para cumplir con mayor ptevencioón de inundación, aun cuando los permisos vigentes no lo exigían. “Decidimos que no era responsable hacerlo… aunque tuviéramos los permisos”, explicó. La decisión, motivada tanto por convicción como por estrategia, resultó ser financieramente acertada: las unidades se vendieron a valores superiores, incluso en un mercado deprimido. “Los numeritos le salieron bien al banco y nos salieron bien a nosotros”, afirmó. Pérez también destacó que países como Colombia, Argentina e India ya están incorporando criterios de resiliencia en sus políticas de infraestructura y financiamiento, siguiendo recomendaciones similares a las que se discuten en Puerto Rico.

Durante la sesión de preguntas, Pérez fue consultado sobre si Puerto Rico podría enfrentar pérdidas de terreno comparables a las de Nueva Orleans. Su respuesta fue directa: “En algunas áreas se va a perder tierra… inevitablemente hay áreas que van a reducirse por la erosión”. Subrayó que cualquier cambio a la zona marítimo terrestredebe basarse en datos científicos y no en presiones políticas.

A preguntas de este medio, también expresó preocupación por los proyectos de ley PC0025, PC1213, PC310 y D82, relacionados con permisos. Pérez señaló que el problema central es la desconfianza ciudadana. “Hay una desconfianza… de que el sistema no atiende las inquietudes que contempla la ley”, dijo, advirtiendo que centralizar permisos sin recursos adecuados podría empeorar los retrasos.

A lo largo del foro, los panelistas coincidieron en que la ciudadanía desempeña un rol determinante. “La mayor influencia que puede tener un político es el voto… en la medida en que esté adecuadamente educado”, afirmó Pérez, destacando que la presión pública es esencial para impulsar cambios.

El consenso final fue claro: Puerto Rico debe diseñar, construir y asegurar pensando en el clima que viene, no en el que existió. “Debemos diseñar, planificar y construir anticipando la subida del nivel del mar y la intensificación de los eventos catastróficos”, resumió Pérez. Y como advirtió el representante de MAPFRE, “con el cambio climático no tenemos que esperar 400 años para algo similar”.

La pregunta que queda sobre la mesa no es si Puerto Rico puede adaptarse, sino si lo hará a tiempo.